Sala Art - AELPA - Asociación Española de Letrados de Parlamentos

La pretensión resulta infundada. Sin necesidad de discutir el alcance delart. 7.1. CEDH en el ámbito de regulación de la ley 6/2002, es lo cierto quela jurisprudencia referente al art. 7.1. CEDH ha establecido que éste noresulta infringido inclusive en los casos en los que el comportamientopenalmente prohibido ni siquiera conste en el derecho escrito, siempre ycuando ese comportamiento esté claramente determinado por decisionesjurisprudenciales y la consecuencia jurídica delimitada por las mismas (ver laSTEDH del caso 8710/79) y cuando la interpretación de un texto legal ya eraconocida a través de decisiones de un tribunal superior (ver STEDH en elcaso 4161/6, Yearbook 13,798 [806]; los mismos criterios han sido aplicadosen la jurisprudencia más reciente: SSTEDH de 22.3.2001, casos “Streletz,Kessler y Krenz c/ Alemania y K. H. W c/ Alemania). Consecuentemente, siesto es así en el ámbito del derecho penal, considerado como la intervenciónmás incisiva posible del Estado en los derechos de los ciudadanos, espreciso concluir a fortiori que no tendría sentido que tales exigencias fueranmás estrictas –como en verdad pretenden los Demandados- en la materiaregulada por la LO 6/2002. Sin perjuicio de ello, las conductas previstascomo determinantes de la ilegalización no pueden en modo alguno serconsideradas cláusulas generales, pues no sólo describen las accionesilegales en el apartado 2 del art. 9 mediante elementos descriptivos, sino quea continuación especifican pormenorizadamente qué comportamientosrealizan específicos requieren la subsunción de esas acciones ilegales.La cuestión, por otra parte, ya ha sido resuelta en general por elTribunal Constitucional (confr. STC 48/2003), que no halló razones queinvalidaran constitucionalmente el art. 9 de la LO 6/2002 (Fº Jº 12) por lainsuficiente calidad de la ley. Pero, sin perjuicio de lo allí decidido, laimpugnación, tiene su respuesta, ante todo, en el propio texto del CEDH,dado que éste admite en los arts. 10.2 y 11.2 injerencias legalmenteestablecidas, que “constituyan una medida que, en una sociedaddemocrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la integridadterritorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención delito”,etc.41