Gaceta N° 256 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Recomendaciones100GACETANOV/2011En este contexto, esta institución nacional de protección y defensa de los derechos humanosobservó que la Comisión Nacional del Agua, efectivamente, como ella misma lo confirmó,participó en los citados desalojos y estuvo presente en la demolición de las propiedades delos habitantes de las zonas afectadas; pero, también se pudo observar que los argumentosque dicha autoridad utilizó para legitimar su conducta en algunas de sus actuaciones fueroninconsistentes.Lo anterior se consideró de esa manera, ya que la CONAGUA informó que en los actosrealizados habían estado acompañados por un fedatario público, quien precisamente daríafe de que los multicitados desalojos o reubicaciones se habrían realizado conforme a derecho;sin embargo, en la revisión de dicha información destacó el contenido de las actas elaboradasel 2, 3, y 4 de septiembre de 2010, en las que un notario público con sede en Villahermosa,Tabasco, dio fe de que se había constituido en la ranchería Medellín y Pigüa, ubicada en lamargen derecha del río Medellín, en el municipio de Centro, en compañía del delegado localde la Comisión Nacional del Agua, y de otras autoridades de Tabasco.En efecto, en las mencionadas actas de fe de hechos de 2, 3, y 4 de septiembre de 2010,respectivamente, se señaló que el objetivo de dichas diligencias, era realizar actividades conjuntaspara la reubicación de los habitantes de esa zona, fundamentándose para ello, en laobservancia de la “… Declaratoria de emergencia por la concurrencia de inundación fluvial,de fecha 25 de agosto de 2010, emitida por la Secretaría de Gobernación del Poder EjecutivoFederal, así mismo conforme al Decreto de fecha 8 de septiembre del presente año emitidopor el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y publicado en el Diario Oficialde la Federación, en el cual se establecen las atribuciones necesarias correspondientes a laComisión Nacional del Agua para ejecutar las medidas de prevención y control de los efectosprovocados por fenómenos meteorológicos extraordinarios sobre aguas nacionales”. (sic)En este orden de ideas, la Comisión Nacional del Agua, a través de los mencionados instrumentosnotariales, reconoció su participación en los desalojos y en la supuesta reubicación depersonas afectadas en esas fechas, sustentándose para ello, entre otros, en la observanciade la Declaratoria de Emergencia y el Decreto presidencial; pero la inconsistencia radicó, enel hecho de que el decreto a que hace alusión el fedatario público, fue precisamente el Decretopor el que se ordena a la Comisión Nacional del Agua establecer las medidas de prevencióny control de los efectos provocados por fenómenos meteorológicos extraordinarios y se instruyea las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a coordinarse ybrindar todos los apoyos necesarios a dicha comisión; emitido el día 8 de septiembre de 2010,publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de ese año, y entrando envigor ese mismo día.Esto es, que las mencionadas diligencias sustentadas, entre otras disposiciones, en el multicitadoDecreto de fecha 8 de septiembre, se llevaron a cabo días antes de que éste se emitieray entrara en vigor; luego entonces, dichas actividades conjuntas para la reubicación de loshabitantes de esa zona se realizaron de manera irregular, sobre todo si se considera que elmencionado Decreto, tanto en el párrafo tercero de su Considerando, como en su artículoprimero, establecieron la facultad que se le dio a la Comisión Nacional del Agua para determinarmedidas de prevención y control, como sería una movilización precautoria de la población,su instalación y atención en refugios temporales; y no así la reubicación definitiva, enel caso de que los efectos provocados por fenómenos meteorológicos extraordinarios sobrelas aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes pongan en peligro la vida de las personasy sus bienes.Bajo esta perspectiva, cobró vigencia por tanto, el dicho de varios de los quejosos en elsentido de que, a través de las acciones realizadas, al menos los días 2, 3, y 4, de septiembrede 2010, fueron desalojados de sus domicilios y en algunos casos reubicados bajo el argumentode que los mismos se inundarían debido a la apertura de canales de alivio y porquese encontraban en zonas de alto riesgo; pero, sin que la CONAGUA y el gobierno del estado