Gaceta N° 256 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

cretaría de Desarrollo Social Federal, así como el gobierno del estado de Tabasco, respectivamente,comunicaron la aceptación de las medidas solicitadas.De la lectura del oficio de 4 de octubre de 2010, se desprendió que la Comisión Nacionaldel Agua no aceptó las medidas requeridas. Efectivamente, la CONAGUA simplemente selimitó a señalar que las acciones que había realizado su personal para evacuar a las personasde sus comunidades e incluso para llevar a cabo demoliciones habían sido apegadas a derechoy en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 9, fracción XL, de la Ley de AguasNacionales, así como el Decreto Presidencial publicado el 9 de septiembre de 2010, en elDiario Oficial de la Federación, por el que se ordenó a dicha dependencia a establecer las medidasde prevención y control de los efectos provocados por fenómenos meteorológicos extraordinariosy se instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federala coordinarse y brindar todos los apoyos necesarios a dicha Comisión.En este orden de ideas, es importante señalar que la actitud asumida por la Comisión Nacionaldel Agua demostró un desprecio por la cultura de respeto a los derechos humanos; queahora, en el contexto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos promulgadael 10 de junio de 2011, representa un incumplimiento a la obligación de velar por surespeto en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos, y como consecuencia, una vulneración a la mismaConstitución General de la República.Además, el hecho de que la Comisión Nacional del Agua no enviara todos los informesque le fueron solicitados, ni brindara una respuesta completa a la solicitud de informaciónformulada por esta Institución Nacional se tradujo en una falta de colaboración, razón por laque sus servidores públicos probablemente incurrieron en una responsabilidad de carácteradministrativo que tendrá que ser investigada por el Órgano Interno de Control de esa dependencia,de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8, fracción XIX, de la Ley Federal de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públicos y dejaron de observar el contenido de losartículos 40, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 116, 117y 118, de su reglamento interno.Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicanopara lograr la reparación del daño derivado de la responsabilidad profesional consiste en plantearla reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el sistemano jurisdiccional de protección de Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido enlos artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos; 44, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los DerechosHumanos, así como 1, 2, y 9, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial delEstado, prevén la posibilidad de que al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuiblea un servidor público del Estado, la recomendación que se formule a la dependenciapública debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectadosen sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y perjuiciosque se hubieran ocasionado, por lo cual es necesario que se realice la reparación conducenteen los términos de ley, procurando que para ello los censos que se elaboren se encuentren enorden y debidamente acreditados y que los pobladores afectados no enfrenten complejidadesque signifiquen un impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta de sus derechos.En virtud de lo expuesto, y con fundamento en los artículos 1, párrafos primero, segundoy tercero; 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6,fracción III; 71, párrafo segundo, y 72, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacionalde los Derechos Humanos, existen elementos de convicción suficientes para que la ComisiónNacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de sus atribuciones, presente formal quejaante el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua y las Contralorías del estadode Tabasco, así como de los municipios de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán,Paraíso, Centla, Jalpa de Méndez y Nacajuca, respectivamente, a fin de que se inicien losRecomendaciones107CNDH1990/2011