Gaceta N° 256 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

jurídicas como propias al considerar que la jurisprudencia internacional sobre derechos humanosconstituye un elemento que debe observarse para extender el alcance de tales derechosy forman parte de un diálogo jurisprudencial entre cortes y organismos protectores de derechoshumanos, y se inscriben en la protección más amplia y extensiva de los derechos queeste organismo está obligado a reconocer.Asimismo, en el caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú, la Corte Interamericana,citando al Tribunal Europeo, señaló que el análisis de la gravedad de los actos que puedanconstituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura, es relativo y depende de todaslas circunstancias del caso, tales como la duración de los tratos, sus efectos físicos y mentalesy, en algunos casos, el sexo, edad, y estado de salud de la víctima entre otros. Así, al igualque en el sistema europeo, la vulnerabilidad particular de la víctima puede ser el factor agravanteque convierta el trato que en otras circunstancias hubiera sido calificado como cruel,inhumano o degradante, en tortura.En el presente, la Comisión Nacional observa que los hechos son de una especial gravedadya que V2 y V3, madre e hija, respectivamente, esta última de tres años de edad, fueronviolentadas en el domicilio de su familiar, V4, donde fueron detenidas, privadas de su libertadincomunicadas hasta el día siguiente y presenciaron el trato violento que infligieron elementosnavales en contra de su esposo y padre, V1. Estos hechos se han traducido en un dañopsicológico grave que ha dejado secuelas emocionales y mentales relevantes en las víctimas,de tal gravedad que por sí solas deben calificarse como el más grave de los tratos, seguido dela tortura, como lo es el trato inhumano.Por lo anterior, al advertirse que V2 presentó un estrés postraumático agudo y la valoraciónpsicológica practicada a V3 concluyó que su salud mental se encuentra alterada y que esfactible que en los próximos meses y/o años se presente una formación del síntoma derivadade los hechos motivos de la queja, atendiendo a las circunstancias del caso y la condición deniñez que presenta V3, así como la angustia y el daño severo que esto pudo haber ocasionadoen su madre, V2, se determina que hay elementos suficientes para acreditar que en elpresente nos encontramos en un caso de trato inhumano.Respecto de V4, esta Comisión determina que no es posible hacer pronunciamiento sobrela posible violación a sus derechos humanos a la integridad y seguridad corporal, debido aque manifestó su deseo de no continuar con el presente expediente de queja, lo que imposibilitóa profesionales médicos y psicólogos de este organismo evaluar su condición física ypsicológica a fin de determinar si fue víctima de actos consistentes en tratos crueles, inhumanosy/o degradantes por elementos de la Secretaría de la Marina.En efecto, como consta en acta circunstanciada de 16 de febrero de 2011, la agraviadamanifestó que no recibió ningún golpe y que por ello consideraba innecesario que la certificaraun médico de este organismo nacional. Asimismo, en posterior diligencia en la ciudad deColima, Colima, que consta en acta circunstanciada de 8 de julio de 2011, un visitador adjuntoy un psicólogo de esta institución se constituyeron en su domicilio ante quienes manifestóque no tiene interés en continuar con el presente expediente de queja.Ahora bien, no pasa desapercibido para este organismo nacional la falta de profesionalismocon que se condujeron los elementos navales en el presente, ya que los mismos acontecieroncon la presencia de V3. Esta situación se agravó por varias razones: en primer lugar, porquelos hechos ocurrieron en casa de su abuela, V4, de una forma ilegal, en segundo, porquepresenció los golpes que infligieron a su padre, y en tercero, porque ella misma fue deteniday privada de su libertad hasta el día siguiente en instalaciones navales. Todo lo anterior, comoya se desarrolló en párrafos precedentes, es violatorio de los derechos de los niños, niñasy adolescentes que protege nuestro sistema jurídico, lo que obliga a esta Comisión a ponerénfasis en la manera de prevenirla.En efecto, es una obligación de las instituciones estatales en su conjunto prever aquellassituaciones en que niñas y niños se encuentren presentes en los lugares donde se realiza unaRecomendaciones145CNDH1990/2011