Gaceta N° 256 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

De tal modo, en la resolución dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naciónen el expediente varios 912/2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 deoctubre de 2011, al analizar el alcance de la sentencia en el caso Radilla Pacheco, establecióla obligación para todas las autoridades estatales de que frente a situaciones que vulnerenderechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia opere la jurisdicción militar, porquecuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a derechos humanosen contra de civiles, ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cualnecesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de actividad, sinotambién sobre las víctimas civiles, que en este caso son los familiares de V1, quien tienen derechoa participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño,sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.Por lo anterior, esta Comisión estima que la resolución del tribunal colegiado en el conflictocompetencial, al hacer comparecer al ofendido del delito ante un tribunal militar, desacatafrontalmente la sentencia internacional al replicar los perjuicios para los familiares de V1que precisamente motivaron la condena del Estado Mexicano e igualmente está en francaoposición con la determinación asumida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cualde suma gravedad atendiendo a lo antes dicho en el sentido de que la sentencia de la CorteInteramericana de Derechos Humanos ya era vinculante para ese órgano jurisdiccional, situaciónque incluso se reforzó atendiendo a la reforma constitucional en materia de derechos humanospublicada en el Diario Oficial de la Federación precisamente a inicios del mismo mesen que se falló el conflicto competencial, el 10 de junio de 2011, y a que ya era del conocimientodel colegiado que pocos días después su superior jerárquico fijaría un criterio que normaríael sentido del conflicto competencial de mérito.Atendiendo a ese estado de cosas, ante la reincidencia en el tipo de conductas por las queya fue sentenciado nuestro país es que se considera de la mayor importancia dar vista a laSuprema Corte de Justicia de la Nación para que en el ámbito de su competencia se pronunciesobre lo procedente para evitar, por una parte, tal consecuencia, que eventualmentederivaría en la responsabilidad internacional que el mismo Máximo Tribunal pretendió evitarcon el pronunciamiento efectuado en el expediente varios 912/2010 y, por otra, para salvaguardarlos derechos de los familiares de V1 que el fallo en cuestión ha socavado.Máxime cuando se advierte que diversa jurisprudencia de la Corte Interamericana ha establecidoque cuando un juicio es incompatible con la Convención, ha considerado procedenteordenar al Estado anular tal proceso, así como todos los efectos que de él se derivan. Unavez establecido este criterio, ha ordenado abrir la puerta hacia un verdadero pronunciamientoen el que se analicen los hechos, se respete el sistema de protección de derechos humanosy se dicte la auténtica sentencia que corresponda, situación que no contraviene el principiode legalidad ni el principio de non bis in ídem; como ocurrió en los casos Lori Berenson Mejíavs. Perú, Cesti Hurtado vs. Perú y Loayza Tamayo vs. Perú, en los que estableció que unprocedimiento violatorio de derechos no puede ser el sustento idóneo de una sentencia válida,o bien, que aquél no constituye un verdadero proceso ni éste una auténtica sentencia, ypor tanto no pueda pretender la autoridad de cosa juzgada.En ese orden de ideas, la determinación del tribunal colegiado conllevaría una repercusiónanáloga a la de esos precedentes, al atender a que, como ya se ha dicho entiende la competenciadel fuero castrense a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar ocon bienes jurídicos propios del ámbito castrense, incumpliéndose la obligación contenida enel artículo 2 de la Convención Americana, del que se desprende la obligación general del estadomexicano de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizarlos derechos en ella reconocidos, en conexión con los artículos 8 y 25 de la misma.Por último, en el orden de lo antes dicho, si bien los órganos jurisdiccionales federales gozande una total independencia para dirigir el proceso y emitir las sentencias correspondientes,tal independencia no justifica que en virtud de la determinación tomada por el SegundoRecomendaciones325CNDH1990/2011