Gaceta N° 256 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

nes I y II, y 133, fracción VIII, del Código Procesal Penal del estado de Durango; 141, apartadoA, fracciones I, II, V, VII, XI, XVIII, XIV, XVII, del Código Federal de ProcedimientosPenales; 34, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 32, fracciones II y IV, dela Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentariade la Fracción XXI, del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosIgualmente los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, no observaron las disposicionesprevistas en los instrumentos jurídicos internacionales celebrados por el EjecutivoFederal y aprobados por el Senado de la República, que constituyen norma vigente en nuestropaís y que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las normas relativas alos derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección másamplia, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1, párrafos primero y segundo, y 133 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Al respecto, los artículos 17.1 y 17.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;1.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como los principios orientadorescontenidos en los artículos 4, 5, y 6, de la Declaración sobre los Principios Fundamentalesde Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, que prevén el derecho de lasvíctimas al acceso equitativo, efectivo y en condiciones de igualdad a los mecanismos de justicia,a ser informadas del desarrollo cronológico y marcha de las actuaciones, así como garantizarsu seguridad.Asimismo, a pesar de que V2 y su familia se encontraban en situación de vulnerabilidad,AR2 y AR3, agentes del Ministerio Público del fuero común y de la Federación, al no haberotorgado la debida protección a su seguridad e integridad personal, con su conducta, corroboraronlo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia delcaso “Contreras y otros vs. El Salvador”, de 31 de agosto de 2011, en el sentido de que laconstante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paraderode las víctimas o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento delo sucedido ha sido considerada, como una causa de acrecimiento del sufrimiento de los familiares,que por ende, termina siendo una violación a su derecho a la integridad personal.Lo anterior en razón de que los familiares de las víctimas sufren afectaciones psíquicas yfísicas; alteración en su núcleo y vida familiares; estuvieron implicados en la búsqueda delparadero de la víctima; la incertidumbre que rodea el paradero de las víctimas obstaculiza laposibilidad de duelo; falta de investigación y de colaboración del Estado en la determinacióndel paradero de la víctima y de los responsables, situaciones que contribuyen a prolongar yagravar las afectaciones de los familiares. Pronunciamiento que resulta de observancia obligatoriapara el Estado mexicano, de conformidad con el artículo 62, de la Convención Americanasobre Derechos Humanos y con los numerales 1, 2 y 3, de la Declaración para elReconocimiento de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Además, no pasó desapercibido para este organismo nacional el hecho de que V2 atravesópor una situación de revictimización institucional, ya que a pesar de que acudió ante lasautoridades correspondientes a denunciar los hechos cometidos en agravio de V1, no recibióla atención que solicitó, por lo que recurrió a denunciar públicamente el plagio de su hijo enun diario local del estado de Durango, cuando los agentes del Ministerio Público tenían laobligación de llevar a cabo todas aquellas medidas activas, tendentes a garantizar el derechoa la protección a la seguridad de las víctimas, situación que no ocurrió en el presente caso.Lo anterior, generó que se transgredieran los derechos a la integridad y seguridad personal,así como a la legalidad y seguridad jurídica, en agravio de V2, previstos en los artículos 14,párrafo segundo, 16, párrafo primero y 20, apartado C, fracción VI, de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 8, de la Declaración Universal de los DerechosHumanos; 1.1, 4.1, 5.1 y 7.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, delPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6, inciso d), de la Declaración sobre losRecomendaciones261CNDH1990/2011