Gaceta N° 256 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Recomendaciones260GACETANOV/2011Secuestro de la Fiscalía General del estado de Durango, hubiera ordenado la realización inmediatade diligencia alguna con la finalidad de acreditar lo manifestado el 29 de diciembrede 2010, por uno de los señalados por V2 como presunto responsable, en el sentido de queotra persona le manifestó que a V1, lo habían matado y que se encontraba en una haciendaabandonada entre el poblado de Nuevo Ideal y Chinacates, lugar en el que dejaban enterradoslos cadáveres de las personas que secuestraban.Por ello, se observó que AR2, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializadaen Secuestro de la Fiscalía General del estado de Durango, omitió cumplir con la obligaciónseñalada, en los artículos 20 apartado C, fracciones III, V y VI, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafo cuarto, de la Constitución Política delestado Libre y Soberano de Durango, y 132, fracciones I y II, y 133, fracción VIII, del CódigoProcesal Penal del estado de Durango, en los que en términos generales, se establecen losderechos de las víctimas a recibir asesoría jurídica, protección especial de su integridad físicao psicológica, con inclusión de la familia inmediata, sobre todo en aquellos casos que se requiere,tratándose de delitos de alto impacto como el secuestro o privación ilegal de la libertad;situación que en este caso no sucedió.Asimismo, AR2, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Secuestrode la Fiscalía General del estado de Durango, dejó de observar el contenido de los artículos11, párrafo primero, 119, 228 y 246, del Código Procesal Penal del estado de Durango,en los que se establece que dicha autoridad se encuentra obligada a velar por la protecciónde la víctima u ofendido del delito y de los testigos, así como a ordenar todos los actos deinvestigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos.De la consulta realizada por un visitador adjunto el 30 de marzo de 2011 a la averiguaciónprevia No. 2, radicada ante la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de laProcuraduría General de la República, se observó que AR3, agente del Ministerio Público dela Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en DelincuenciaOrganizada de la PGR, también omitió ordenar que se practicara una inspección ocular dellugar donde probablemente estaba V1 privado de su libertad, así como en los lugares en losque se entregó la cantidad de dinero para pagar el rescate de la víctima.Además, tampoco se apreció documento o diligencia en la que constara que a V2 se leproporcionó atención victimológica, aunado al hecho de que no se solicitaron las medidascautelares y providencias necesarias de protección tanto para la víctima como para su familia,y sí, que fue hasta el 5 de febrero de 2011, es decir, un día después de que V2 fue privadode la vida, y a 11 días posteriores a la denuncia pública que había formulado sobre el plagio deV1 en un diario de circulación local, cuando el mencionado servidor público federal solicitóa la Policía Federal que se brindara seguridad a la familia de V1.Por lo anterior, se observó que AR3, agente del Ministerio Público de la Federación adscritoa la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR,omitió proporcionar seguridad y protección oportuna a V2, así como a su familia, contraviniendocon ello lo previsto en artículos 20 apartado C, fracciones III, V y VI, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos; 141, apartado A, fracciones I, II, V, VII, XI, XVIII,XIV, XVII, del Código Federal de Procedimientos Penales y 34, de la Ley Federal contra laDelincuencia Organizada.En suma, AR2, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Secuestrode la Fiscalía General del estado de Durango, y AR3, agente del Ministerio Público de laFederación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizadade la PGR, respectivamente, vulneraron en agravio de V1, V2, y sus familiares, los derechosa un trato digno y a la seguridad jurídica, especialmente el relativo a la atención victimológicay acceso a la justicia, dejando de observar el contenido de los artículos 20 apartadoC, fracciones III, V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafocuarto, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Durango; 132, fraccio-