Gaceta N° 256 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

ealizado de manera formal y materialmente por los elementos aprehensores; deber que eneste caso no se atendió, ya que como se señaló, la víctima fue puesta a disposición de laautoridad judicial más de 10 horas después a su detención aproximadamente, sin justificaciónalguna.En consecuencia, AR1, AR2, y AR3, policías federales ministeriales, con su conducta vulneraronen agravio de V1, los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad, contenidos enlos artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos; además de los numerales 7 y 8, fracciones I y XXIV, de laLey Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que al retenerindebidamente a la víctima y no ponerla inmediatamente a disposición de la autoridad jurisdiccional,omitieron sujetar su actuación a los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismoque su cargo requiere.Igualmente, los servidores públicos señalados en el párrafo anterior omitieron observar lasdisposiciones relacionadas con los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, previstas enlos instrumentos jurídicos internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados porel Senado de la República, que constituyen norma vigente en nuestro país y que deben sertomados en cuenta para la interpretación a las normas relativas a los derechos humanos,favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de acuerdo a lo dispuestopor los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, y 133 de la Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos.En este sentido, los artículos 9.3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I y XXV, de laDeclaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 11 y 15, del Conjunto dePrincipios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detencióno Prisión, en los que se establece que toda persona detenida debe ser llevada, sin demora,ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, ademásde que las personas detenidas no deben ser sometidas a cualquier forma se incomunicación.En el oficio AFI/CHIS/TGZ/833/2010 de 7 de abril de 2010 citado, suscrito por AR1, AR2,y AR3, policías federales ministeriales con el visto bueno del supervisor operativo y encargadode la sede de la Agencia Federal de Investigación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, señalaron quea V1 lo dejaron físicamente en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4, “Noroeste”, delejido El Rincón, en Nayarit, en atención al oficio 181/2010, a través del cual AR4, agente del MinisterioPúblico de la Federación adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chiapas,los instruyó para tal efecto, derivado de la solicitud formulada por AR6, secretario ejecutivode Sanciones Penales y Medidas de Seguridad dependiente de la Secretaría de Seguridady Protección Ciudadana del estado de Chiapas.En el oficio SSPC/UAJ/ADH/MEX/3745/2010, de 4 de enero de 2011, suscrito por el jefede la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estadode Chiapas, al que anexó el oficio CERSS-14/DG/DJ/2412/2010, de 29 de noviembre de2010, signado por AR5, encargado de la Dirección del Centro Estatal para la Reinserción Socialde Sentenciados No. 14, “El Amate”, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, se indicó queen el interior de ese centro se habían implementado una serie de operativos con la finalidadde poner fin al autogobierno, malos tratos, vejaciones y violaciones a derechos humanos ala población interna por parte de un grupo que se autonombró “dueños del penal”; situaciónque no fue erradicada totalmente, ya que continuó latente el citado estado de ingobernabilidadal interior de ese lugar, toda vez que se encontraban recluidos internos de alta peligrosidad,integrantes de diversos grupos delictivos.Derivado de lo anterior, según informó AR5, encargado de la Dirección del Centro Estatalpara la Reinserción Social de Sentenciados No. 14, “El Amate”, en Cintalapa de Figueroa,Chiapas, no se consideró posible recibir el traslado e ingreso de V1, ya que, existía una sobrepoblaciónal interior del centro, y también, para evitar que de manera indirecta se violaran susRecomendaciones163CNDH1990/2011