Gaceta N° 256 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Recomendaciones162GACETANOV/2011Asimismo este organismo nacional, tampoco contó con información que permitiera precisarqué sucedió posteriormente al momento de la detención de V1, especialmente, paraconocer el lugar al que fue trasladado y permaneció hasta las 17:30 horas en que, según lainformación obtenida, se le practicó una revisión física por parte de un perito médico adscritoa la Delegación de la Procuraduría General de la República en el estado de México, en elinterior del hangar de esa institución ubicado en el aeropuerto internacional de la ciudad deToluca, de la citada entidad federativa, conforme se desprendió del folio TOL/1087/09, de 7de abril de 2010.Después de ello, V1 fue puesto a disposición de la autoridad judicial en el Centro Federalde Readaptación Social No. 4, “Noroeste”, del ejido El Rincón, en Nayarit, al cual ingresó alas 19:30 horas, conforme a lo informado en el oficio SSP/SSPF/OADPRS/UALDH/7453/2011de 8 de septiembre de 2011, signado por el titular de la Unidad de Asuntos Legales y DerechosHumanos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y ReadaptaciónSocial de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; a pesar de que en el sello del acuse derecibo de ese Centro Federal, que constó en el oficio de puesta a disposición a V1, se señalaronlas 20:20 horas.Bajo esta perspectiva, para este organismo nacional V1 permaneció retenido injustificadamenteal menos por 10 horas aproximadamente; transgrediéndose con ello el contenido delartículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enel que se establece que la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberáponer al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad.La contravención a lo anterior, será sancionada por la ley penal.Efectivamente, si bien es cierto no puede asentarse un criterio riguroso sobre el tiempoen que los elementos aprehensores deben de poner al detenido a disposición de la autoridadcompetente, esta Comisión Nacional en la recomendación 11/2010, señaló que a efecto deatender la garantía de inmediatez prevista en la Constitución, han de tomarse en cuenta lassituaciones adyacentes a la detención, razón por la cual resultó conveniente establecer unestándar para evaluar tales circunstancias y calificar la constitucionalidad de una retención,en el que se tengan en cuenta: a) el número de personas detenidas, b) la distancia entre ellugar de la detención y las instalaciones del agente del Ministerio Público, c) la accesibilidadde las vías de comunicación entre ambos sitios y d) el riesgo del traslado para la puesta a disposiciónen atención a la gravedad del delito y la peligrosidad del detenido.En el presente caso, se observó que V1 fue la única persona detenida por AR1, AR2 y AR3,elementos adscritos de la Procuraduría General de la República, en la ciudad de México, DistritoFederal, quienes posteriormente, según se desprendió de la información enviada por lapropia autoridad, lo trasladaron a las instalaciones de esa dependencia ubicadas en el aeropuertointernacional de la ciudad de Toluca, estado de México; lugar en el que a las 17:30horas se certificó su estado de salud, sin que los mencionados servidores públicos precisaranen dónde permaneció la víctima retenida desde su aprehensión; esto es, al menos 10 horasaproximadamente.Además, dicha retención injustificada generó una presunción de que la víctima permaneciótambién incomunicada, ya que no obraron constancias que acreditaran que AR1, AR2, yAR3, policías federales ministeriales permitieron que V1 se comunicara con alguna persona;tan es así, que en la queja formulada por Q1 se señaló que los elementos que detuvieron ala víctima se la llevaron sin dar ninguna información sobre su destino, por lo que desconocierondesde ese momento su paradero.En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que la retencióninjustificada que sufrió V1 afectó su derecho constitucional a un debido proceso, envirtud de que la autoridad jurisdiccional para poder resolver sobre su situación jurídica, asícomo observar el cumplimiento de las prerrogativas procesales consagradas en su beneficioy calificar la legalidad de su detención, requería que dicha puesta a disposición se hubiera