Gaceta N° 256 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

En este tenor, queda claro que los elementos militares que participaron en los hechos,omitieron actuar con eficiencia en el desempeño de su cargo, que los obliga a cumplir con lamáxima diligencia el servicio que les fue encomendado, así como de abstenerse de cualquieracto u omisión que origine la deficiencia del mismo, dado que al sostener un enfrentamientoen las inmediaciones del poblado de San Juan Bautista Cuapala, sin implementar los principiosbásicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargadosde hacer cumplir la ley, pusieron en peligro vidas humanas, con lo que se dejó de observarlo previsto en los artículos 7 y 8, fracciones I y XXIV, de la Ley Federal de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públicos, que señalan que los funcionarios o servidores públicostienen la obligación de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad yeficiencia que rigen el servicio público, así como de abstenerse de cualquier acto u omisiónque implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.De igual modo, se vulneró el derecho al prestigio, al honor y buen nombre de V1 y de susfamiliares, con la emisión del comunicado de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional,el 27 de octubre de 2010, sobre los hechos ocurridos el día anterior, en el que hizo del conocimientode la opinión pública que personal militar repelió una agresión con armas defuego, por parte de integrantes de la delincuencia organizada, con un agresor muerto y quese aseguró un rifle AK47; asimismo, se incumplió con lo dispuesto en los artículos 46, incisoA, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 40.2.b).i,de la Convención Sobre los Derechos del Niño, que establecen, el derecho de todo niño o adolescente,a que se garantice la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidadconforme a la ley.Recomendaciones216GACETANOV/2011b. Por otra parte, esta Comisión Nacional manifiesta su pleno respeto a las facultades conferidasa la autoridad ministerial, sin que se pretenda interferir en la función de investigaciónde los delitos o en la persecución de los probables responsables, potestad exclusiva del MinisterioPúblico, en términos de lo dispuesto en los artículos 21, párrafos primero y segundo,y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,así como de los artículos 36 y 37 del Código de Justicia Militar.Sin embargo, de las evidencias allegadas a esta Comisión Nacional, respecto del informeque rindió SP2 sobre los hechos en que perdiera la vida V1, en el cual manifestó que el 16de noviembre de 2010, se inició la Averiguación Previa 2, en la agencia del Ministerio PúblicoMilitar adscrita a la 35/a Zona Militar, se desprende lo siguiente:De acuerdo con las constancias que obran en el expediente, se advierte dilación e insuficienciaen su integración por parte de AR10, toda vez que de la consulta que personal deeste organismo nacional realizó a la citada indagatoria el 23 de junio de 2011, se advierteque SP5, en su Mensaje C.E.I., de 30 de noviembre de 2010, instruyó a AR10, para que efectuaracon la debida celeridad y eficacia, las diligencias que se estimaran necesarias para elesclarecimiento de los hechos, y emitiera en un plazo no mayor de 120 días, la determinaciónque en derecho procediera, conforme lo dispuesto en el artículo 83, fracción II, del Códigode Justicia Militar, mandamiento que no se cumplió, ya que a la fecha sigue en integración.No existe justificación en la dilación, no obstante que SP1 haya señalado a personal de esteorganismo nacional, que a partir de mayo de 2011, AR10 causó baja como titular de la agenciadel Ministerio Público Militar adscrito a la 35/a Zona Militar, y que era esta persona quientenía a su cargo la integración de la Averiguación Previa 2.Además de que feneció el término que se ordenó para la integración de la indagatoria, nose ha realizado la determinación correspondiente, ya que faltan diversas diligencias por practicarde acuerdo con las facultades que el Código de Justicia Militar le confiere a la autoridadministerial militar, toda vez que no se han recabado las declaraciones de todos los militaresque intervinieron en el evento del 26 de octubre de 2010, en los que perdiera la vida V1, nide civiles y de las autoridades que acudieron al lugar de los hechos, así como la realización de