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Señalar por último que de forma general, la responsabilidad civil derivada de la actividad
sanitaria determina una obligación de medios, no de resultados, lo que implica que
el fracaso de las medidas preventivas no supone necesariamente una mala práctica, sino
que ésta vendría aparejada cuando el profesional sanitario no hubiera prestado atención a
signos evidentes de riesgo o que apreciándolos no hubiera tomado decisiones para evitarlos
(negligencia o imprudencia).
¿Quién puede pedir un ingreso involuntario?
Nada prescribe la ley sobre quién puede pedir un ingreso involuntario, por lo que cualquier
persona puede poner en conocimiento del ministerio fiscal o del juez la existencia
de un individuo que por riesgo hacia sí mismo o hacia terceros, precise esta medida. La ley,
no obstante, establece dos tipos de grupos de personas obligadas a pedir el ingreso involuntario:
los tutores respecto de sus pupilos y los padres respecto de sus hijos sometidos a
patria potestad.
Con la solicitud de ingreso involuntario se presenta la documentación médica más
reciente de la que se disponga. No es necesario que el médico informante sea especialista
en psiquiatría, pero tiene que manifestar la necesidad de la medida.
13.3. responsabilidades sanitarias derivadas del suicidio
¿Cuál es la causa más frecuente de demandas judiciales en psiquiatría?
La conducta suicida es la causa más frecuente de demandas judiciales al psiquiatra por
mala práctica (677). En la mayor parte de los casos se pide la aplicación de la figura de
“imprudencia temeraria” por no prever ni prevenir adecuadamente el comportamiento
suicida del paciente (678).
En los suicidios, el profesional sanitario sólo tendrá responsabilidad penal cuando la
conducta sea claramente previsible y humanamente evitable y la actitud del profesional
haya sido manifiestamente descuidada u osada. El profesional deberá probar que tomó las
medidas adecuadas.
¿En qué se fundamenta la responsabilidad profesional en el ámbito sanitario?
Responsabilidad es la obligación de responder ante la Ley de nuestra actuación profesional
y la obligación de reparar o satisfacer el daño originado, los perjuicios ocasionados y
el sufrimiento creado. Su fundamento es la producción de un daño originado por una conducta
inadecuada, no voluntaria pero que debió ser prevista y en la que se ha vulnerado el
deber objetivo de cuidado. Dicha conducta inadecuada puede ser, según la jurisprudencia,
imprudente (asumiendo riesgos innecesarios), negligente (con grave dejadez o descuido)
o imperita (carencia de conocimientos o de experiencia) (671).
Los casos más frecuentes de mala praxis de la que puede derivar responsabilidad son
los siguientes:
– Diagnóstico incorrecto­negligente que da lugar a un alta indebida de un paciente que
posteriormente se suicida o se lesiona.
GuíA DE PráCTICA ClíNICA DE PrEvENCIóN y TrATAMIENTO DE lA CONDuCTA SuICIDA 281