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» Cuando la guerra se va, la vida toma su lugar «
En el presente informe también se observan problemas profundos
frente al acceso a la información y documentación de la violencia que viven
las personas LGBT en Colombia. En primer lugar, por los problemas con
los sistemas de información sobre violencia contra población LGBT y por
el subregistro como consecuencia de las debilidades en las instituciones
oficiales, en parte por la ausencia de la variable específica de orientación
sexual e identidad de género.
En segundo lugar, la respuesta del Estado continúa siendo parcial y fragmentada.
En el 2013 y en el 2014 hubo ejemplos positivos de investigaciones
y sanciones oportunas ante violaciones de derechos humanos de
personas LGBT. La captura de los cinco responsables del homicidio del activista
Guillermo Garzón fue uno de ellos. La rápida reacción de la SIJIN de
Bogotá, junto con la colaboración de la comunidad y la presión de medios
de comunicación, permitió dar con los responsables, ponerlos a disposición
de las autoridades judiciales y avanzar en el respectivo proceso penal. A raíz
de este hecho, también se pudo identificar a otras víctimas (fatales y sobrevivientes)
de esa misma banda. Felicitamos y agradecemos profundamente
esta labor de la Policía Metropolitana de Bogotá y esperamos que este tipo
de resultados se pueda replicar en otros casos.
Durante esos dos años también hubo ejemplos negativos de la falta de
debida diligencia de las autoridades ante este tipo de hechos. El suicidio
de Sergio Urrego resulta ilustrativo sobre las graves consecuencias de la
discriminación por la orientación sexual. A pesar de que la madre de Sergio
alertó en su momento a la Secretaría de Educación de Cundinamarca sobre
lo que estaba ocurriendo, dicha entidad no actuó de manera oportuna para
detener las violaciones al derecho al libre desarrollo de la personalidad y a
la educación de Sergio.
De igual forma reconocemos la voluntad política de distintos funcionarios
de varias entidades estatales, así como algunos avances normativos e
institucionales para enfrentar estas situaciones. Sin embargo la ausencia
de debida diligencia continúa siendo la norma, mientras que las buenas
prácticas (como en el caso de Guillermo Garzón) aún dependen fundamentalmente
de la voluntad de ciertos funcionarios. Este tipo de resultados no
pueden replicarse, sea por reservas de las personas encargadas de adelantar
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