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» Cuando la guerra se va, la vida toma su lugar «
Estas amenazas se valen del prejuicio y los estereotipos negativos hacia las
personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Por
un lado, porque suelen recurrir a un lenguaje altamente agresivo, plagado
de insultos y de palabras denigrantes para referirse a la población LGBT. Son
usuales, por ejemplo, expresiones como “arepera” y “maricón”, asociadas
además a nociones de desviación sexual como “pervertidos”, “depravados” y
“corruptos”. Por otro lado, también es usual que se asocie automáticamente
a las personas LGBT con otros grupos poblacionales y prácticas sociales
sobre las cuales también recaen prejuicios sociales, que son considerados
indeseables e incluso que es necesario erradicar. Así, los textos de algunos
panfletos establecen una linealidad entre personas LGBT, delincuencia,
enfermedad, consumo de sustancias psicoactivas e inseguridad.
En varias ocasiones estas amenazas estuvieron acompañadas o seguidas
de otras violaciones de derechos. Por lo menos en dos casos (en Tumaco
y en Caucasia, reseñados en el capítulo 1) se registraron homicidios de
personas LGBT después de la aparición de panfletos. No obstante, la
principal violación en conexidad con las amenazas es el desplazamiento
forzado. Durante el periodo en consideración, se registraron siete hechos
de desplazamiento de personas LGBT después de ser amenazadas de
manera directa o mediante panfletos.
De este modo constituyen crímenes claramente motivados por el
prejuicio, por las razones aludidas para rechazar, excluir, desplazar e
incluso eliminar a personas LGBT. No obstante, al igual que lo expuesto
en el primer capítulo, las amenazas recaen con mayor fuerza sobre
personas LGBT que se encuentran en otras situaciones de vulnerabilidad
con ocasión del conflicto armado.
Por medio de las amenazas, los actores armados no buscan únicamente
presionar a ciertas personas para que huyan o para que dejen de hacer algo
como ejercer la prostitución. Según la Personería de Medellín, los grupos
armados también se valen de ellas para “cobrar extorsiones, reclutar niños
y adolescentes, prostituir, explotar sexualmente a niños, adolescentes y
mujeres, extorsionar a comerciantes, trabajadores informales y residentes
varios municipios”, edición digital, 15 de julio de 2014; Ministerio del Interior, respuesta a
derecho de petición enviado por Colombia Diversa en enero de 2015.
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