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» Conclusiones y recomendaciones «
18. Diseñar e implementar un registro nacional de víctimas por violencia
basada en la orientación sexual o identidad de género diversa, en la
medida en que en la actualidad la base de datos del Sistema Penal Oral
Acusatorio (SPOA) no permite el ingreso de datos sobre orientación
sexual e identidad de género.
19. Solicitar a las Fiscalías Delegadas, tanto de la justicia ordinaria como
transicional, incorporar el enfoque de violencia basada en la orientación
sexual e identidad de género para esclarecer el objeto de investigación,
tomando como precedente la Sentencia para el caso de Arnubio Triana
Mahecha alias Botalón emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Bogotá.
20. Adoptar medidas para que la Unidad de Análisis y Contexto seleccione
casos de personas LGBT y que sirva de apoyo en las etapas de indagación
y juicio emitiendo conceptos sobre el contexto socio-espacial y las
relaciones de poder en que se comete el delito, de manera que se
tengan mayores herramientas para analizar el rol que ha cumplido
el prejuicio en su comisión. Incorporar lo planteado por la sentencia
por feminicidio de la Corte Suprema de Justicia 2 , de manera tal que se
reconstruyan los contextos de violencia y discriminación que puedan
preceder y posibilitar estos crímenes. Que la Unidad de Análisis y
Contexto también tenga en cuenta otros factores de vulnerabilidad
presentes en cada caso particular.
21. Revisar los procesos penales por homicidios de personas LGBT
defensoras de derechos humanos y priorizarlos según el impacto social
que hayan podido tener, el tiempo que haya pasado desde los hechos,
la etapa procesal de las investigaciones y los elementos probatorios
que se tengan.
22. A la Unidad de Vida, que se estudien los casos de suicidio en conexidad
con actos de discriminación y hostigamiento.
23. Elaborar un protocolo para la protección de la intimidad de la víctima,
siempre y cuando esta no tenga conexidad con el móvil del delito o
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Sala de Casación Penal, sentencia del 4 de marzo de 2015, magistrada ponente Patricia
Salazar Cuéllar.
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