Impacto del Turismo Relacionado con el Desarrollo en la Costa ...

Sin embargo, este no ha sido el caso a la fecha, así como lo demuestra el rápido desarrollo de
proyectos de turismo costero, casas de vacación y negocios e infraestructura de soporte en la
pasada década. El marco legal existente sufre de deficiencias e inconsistencias internas,
traslape de autoridades y una fuerte dependencia a gobiernos municipales débiles y
pobremente equipados. Los procedimientos legales han sido ignorados frecuentemente o
aplicados de forma parcial, permitiendo a los desarrolladores privados saltarse los vacíos y
dirigir el ordenamiento territorial y otros procedimientos que deberían ser asumidos por las
instituciones públicas. Las municipalidades han sido tanto ineficientes como irresponsables en
la planificación de su ZMT y los planes existentes están desconectados entre ellos. Al mismo
tiempo, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ha fallado en interpretar adecuadamente y
llevar a cabo su responsabilidad de “superior control y vigilancia” sobre la ZMT. Las
herramientas empleadas por el ICT para aprobar planes de uso costero del suelo no están
actualizadas y necesitan una revisión urgente. La sociedad civil carece de formas para
participar efectivamente en este proceso. El rol de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA)
se ha limitado a aprobar la factibilidad ambiental de los proyectos propuestos, pero carece de la
capacidad de vigilar la implementación. Como resultado, la aplicación de la legislación
ambiental ha sido ad hoc hasta hace poco. En los pasados años, el Tribunal Ambiental
Administrativo (TAA) y el ministerio de Salud, frecuentemente respondiendo a ilegalidades
descubiertas por ciudadanos, ONG y los medios de comunicación, han sido las instituciones de
gobierno que han aplicado de forma más efectiva las regulaciones ambientales.
• Legislación relativa a la zona costera
Lo siguiente resalta la legislación más importante relativa a actividades en la zona costera,
incluyendo la ZMT:
o Ordenamiento territorial: este incluye la Ley de Planificación Urbana y la competencia
de otras regulaciones relativas, muchas a nivel municipal. Se estima que al menos 45
leyes, regulaciones y decretos contienen disposiciones relativas al desarrollo urbano; 7
se relacionan con infraestructura; 6, con la ZMT; 21 con reglamentos de manejo de
agua, salud pública y sanidad; 17, con la protección y manejo de recursos naturales; y
36 con la responsabilidad del gobierno municipal en el ordenamiento territorial.
Adicionalmente, 15 tienen disposiciones relativas a la prevención o respuesta ante
catástrofes y emergencias nacionales (temblores, huracanes, inundaciones y otros); 22
contienen cláusulas relativas a expropiaciones y servidumbres; y 8 se refieren al manejo
de cuencas hidrográficas. 16
o Construcción: existen 34 instrumentos legales básicos que regulan la construcción en
el país, más algunas reglas especiales para la zona costera. Estos incluyen la Ley de
Construcción 833 (1949) y sus directrices (INVU 1983, más enmiendas en 1987 y
1988), la cual define las condiciones necesarias para los permisos de construcción
(artículo 74) y las responsabilidades municipales (artículos 1 y 52). La ley 1788 del
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) requiere de la aprobación formal de
planes de uso del suelo y planos. En 1966, la Ley 3663 creó el Colegio Federado de
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