Impacto del Turismo Relacionado con el Desarrollo en la Costa ...

Existen otros casos donde la intervención pública y la coordinación entre las instituciones han
probado ser efectivas en detectar y controlar los impactos ambientales adversos. El Tribunal
Ambiental Administrativo (TAA), por ejemplo, ha llevado a cabo sus responsabilidades en una
forma proactiva y efectiva con el apoyo logístico, legal, técnico y científico de varios
departamentos del MINAET, otras instituciones públicas, las universidades públicas y, a veces,
las ONG y la prensa nacional. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
(ICAA), junto con su Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) y el Programa Bandera Azul
Ecológica (BAE) ha jugado también un rol importante en monitorear la calidad de la playa. El
ministerio de Salud (MINSA) también ha servido como ejemplo por sus acciones para cerrar
varios hoteles en el Proyecto Papagayo y en Tamarindo por verter ilegalmente las aguas
residuales en los ríos y en el océano. Los cierres de hoteles, aunque costoso para la imagen
del turismo del país, fueron apoyados por el ICT, el MINAET y el Presidente. En adición, la
Controlaría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR)
han emitido una serie de informes y decisiones sobre temas de ambiente costeros, mientras
que la Corte Constitucional (Sala IV) ha emitido, a su vez, decisiones jurídicas que han
ayudado a clarificar las responsabilidades de las instituciones públicas y han detenido prácticas
y operaciones ilegales.
Adicionalmente, los ciudadanos y las organizaciones civiles han jugado un rol de vigilancia en
el desempeño ambiental de los desarrolladores y operadores turísticos y en la aplicación de la
legislación ambiental por parte de las instituciones públicas. Así como se ha generado
confianza pública en el TAA y el MINSA, más gente ha ido a estas dos instituciones
gubernamentales para elevar quejas. La prensa también ha asumido un rol importante al
expandir su cobertura sobre infracciones y conflictos ambientales. Es importante que los
ciudadanos puedan externar sus preocupaciones ante las instancias correspondientes o que
manifiesten su descontento libremente en actividades públicas pacíficas, sin injerencias ni
manipulaciones externas. Al mismo tiempo, las instituciones del Estado tienen la obligación de
dar respuestas a las inquietudes de las comunidades en forma eficiente y expedita, evitando
que la desconfianza y el resentimiento se acumulen.
De forma frecuente, muchos desarrollos de turismo y residenciales en diferentes puntos de la
costa Pacífica continúan causando un serio daño ambiental. Mientras Costa Rica cuenta con
muchas (y funcionarios públicos señalan que suficientes) herramientas legales e instituciones
para controlar los impactos ambientales del desarrollo, en la práctica, las instituciones públicas
en un nivel municipal y nacional se han visto abrumadas por el ritmo tan rápido del desarrollo
costero. La demanda ha hecho difícil para ellos cumplir con sus responsabilidades. Algunas
veces, las regulaciones simplemente no se siguen, mientras que en otros casos las
instituciones no tienen suficiente autoridad o esta no es clara para actuar de forma efectiva.
Frecuentemente, estas intervienen solo cuando el daño ambiental ha sido generado, no antes,
con el fin de prevenirlo. Aunque los gobiernos municipales, por ejemplo, tiene una gran cuota
de responsabilidad derivada de varias leyes y regulaciones para vigilar los recursos naturales,
estos carecen frecuentemente de suficiente capacidad humana y financiera para aplicarlas. De
hecho, muchas municipalidades no cuentan incluso con una unidad o departamento ambiental.
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