Impacto del Turismo Relacionado con el Desarrollo en la Costa ...

La Ley de la ZMT requiere que la zona pública—los primeros cincuenta metros a partir de la
marea alta, más las áreas que quedan descubiertas durante la marea baja—debe ser
preservada para el uso público y tenga libre acceso. Las municipalidades, el ICT, el INVU y el
MOPT son los responsables de aplicar estas regulaciones. El ICT es responsable por todos los
aspectos generales relativos a la ZMT, mientras que las municipalidades deben hacer respetar
todas las normas legales relacionadas con el dominio público, desarrollo y uso de la ZMT en los
territorios bajo su jurisdicción. La Procuraduría General de la República (PGR) es responsable
de monitorear el cumplimiento de la Ley de la ZMT. Excepciones a esta ley (Artículos 18 y 21)
permiten la construcción de plantas industriales, facilidades de pesca, puertos, programas de
criaderos marinos y otras facilidades similares que deben estar ubicadas cerca del océano para
funcionar. Esta lista no permite excepciones para desarrollos residenciales y turísticos.
En años recientes, se han elaborado reglamentos a partir de estas leyes. En el 2007, un
informe emitido por la PGR señaló que “los valiosos recursos y la belleza escénica dentro de la
ZMT requieren protección especial y el acceso a su disfrute debe ser garantizado para todos
los habitantes”. Este señaló, además, que la ZMT es un sitio para la relajación, la recreación y
la apreciación de la belleza natural; la cual está protegida constitucionalmente; y que su
deterioro no puede ser permitido 203 Específicamente, el informe señala que nadie puede
demarcar áreas que restringen el libre acceso o construir o colocar cualquier obstáculo al libre
tránsito y uso público dentro de la ZMT.
En el 2004, la Sala IV determinó que el “uso público” de la zona pública está basado en cuatro
principios: libertad (libre tránsito dentro de la ZMT), ausencia de costo (excepto por las tarifas
que contribuyen a su conservación y mantenimiento), anonimato (los usuarios no son
identificados) y equidad (todos los miembros del público reciben tratamiento equitativo). El
pronunciamiento señala, además, que el uso “debe ser respetuoso de los recursos naturales,
sin provocar el deterioro, y basado en la moral y el orden público.” 204
Durante viajes de campo efectuados a varias playas y comunidades costeras en Guanacaste,
la península de Nicoya y el Pacífico Central y Sur, los investigadores de CREST identificaron
un número de actividades de turismo y acciones que afectaban el acceso público y uso de la
zona pública de la ZMT. Estas la presencia en la zona pública de sillas, mesas, camas de playa
y sombrillas pertenecientes a hoteles y restaurantes privados; así como áreas de acampar sin
facilidades como duchas, baños y agua potable.
La extensión de estas infracciones varía de playa en playa. Algunos gobiernos municipales,
incluyendo Carrillo, Santa Cruz y Osa, han estado tratando de abordar el fenómeno al demoler
y eliminar estructuras ilegales en sus zonas públicas. En algunas pocas playas-- Península
Papagayo (ver sección anterior), playa Buena, Matapalo de Sardinal y playa Panamá – existe
una controversia y conflictos sobre el acceso público. En algunos casos, las decisiones del ICT
y la Corte Constitucional han modificado de alguna forma el significado del acceso público, el
uso y tránsito en la zona pública de la ZMT.
Por ejemplo, ha habido controversia sobre el acceso público a playa Panamá, la cual por años
fue un sitio favorito para acampar de los vacacionistas costarricenses, especialmente de
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