Las condiciones habitacionales de los hogares y su relación con la ...

Abstenerse de realizar desalojos forzosos
Establecer procesos de restitución,
expropiación, desalojo o demolición que
se ajusten al Pacto 1/ y que respeten los
derechos posesivos, fundamentales y
demás garantías de los tenedores de una
vivienda.
Proteger la vivienda y las tierras que
abandonen las personas desplazadas por
la violencia.
Consultar los intereses de las personas
afectadas antes de realizar un desalojo
forzoso.
Dar un trato igualitario frente a la ley a
todos los tenedores de vivienda.
Asegurar que se proporcione vivienda,
tierra o acceso a tierras productivas a las
víctimas de desalojos forzosos.
1/ Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales.
Las condiciones habitacionales de los hogares y su relación con la pobreza
Obligaciones de efecto inmediato
(no sujetas a consideraciones especiales que difieran su cumplimiento en el tiempo)
El Estado debe controlar y limitar la actuación de sus agentes y las actuaciones
administrativas, policivas o judiciales de manera obligatoria para cualquier forma de
tenencia (bajo el derecho de propiedad, en arrendamiento, posesión u otras formas).
En los casos en los que sea necesario realizar un desalojo forzoso por motivos de
interés general, defensa de los derechos de propiedad sobre un inmueble u otro
motivo razonable y justificable desde el punto de vista del derecho a la vivienda
adecuada, éste debe llevarse a cabo sujetándose a las disposiciones del Pacto* y de la
Constitución Política de Colombia, y sin vulnerar los derechos y garantías reconocidos
por la Corte Constitucional.
Comprende viviendas abandonadas, desprotegidas, con frecuencia ocupadas en
forma ilegal por terceros y sin títulos o derechos claramente definidos en documentos
legales.
El Estado está obligado a consultar a las personas afectadas antes de llevar a cabo
un desalojo forzoso, con el fin de que éstas ejerzan su derecho de defensa y puedan
plantear alternativas al desalojo, se evalúen y cuantifiquen los posibles perjuicios y
se planifiquen las medidas que se van a adoptar para la realización del derecho a la
vivienda adecuada de los afectados.
La protección judicial ligada al derecho a la seguridad jurídica de la tenencia debe ser
accesible por igual a todas las personas, sin ninguna discriminación. Deben abolirse las
barreras normativas o fácticas que impiden o dificultan el acceso a todas las personas
y en especial a los sectores sociales más desprotegidos, a los procedimientos legales
existentes para la defensa del derecho a la vivienda adecuada.
Obligaciones de cumplimiento progresivo 2/
Las personas víctimas de desalojos, bien sea producidos por la actuación del Estado o
de particulares, e independientemente de que aquellos se realicen o no respetando un
procedimiento legal, tienen derecho a que el Estado restablezca su goce del derecho a
una vivienda adecuada.
2/ Su realización depende de un plan de acción estatal y de la ejecución de políticas públicas sujetas a la disponibilidad de recursos económicos. Aunque su
satisfacción presupone un plazo, los Estados tienen la obligación de comenzar a actuar inmediatamente con el fin de evitar que la limitación de recursos
se convierta en una justificación constante de violaciones al Pacto.
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