Publicado con la asistencia financiera del Gobierno de Bélgica.

Perspectivas del Medio Ambiente Urbano
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inundaciones, y los manglares y arrecifes de coral para
la protección de zonas costeras)
• Fortalecer las capacidades nacionales para la
evaluación de la vulnerabilidad con el uso adecuado
de índices, a fin de reducir la vulnerabilidad de la
población regional a desastres y riesgos resultantes de
eventos y cambios ambientales extremos;
• Asegurar una mejor planificación del uso de
la tierra y de los reglamentos de construcción para un
manejo confiable de los bienes y servicios ambientales,
y para aumentar la seguridad de los asentamientos
humanos actuales y futuros;
• Emprender medidas de preparación, prevención,
control y mitigación de desastres naturales, enfocadas
en la educación, organización, instalación de
sistemas de alerta temprana e información, simulacros
sistemáticos y movilización de comunidades para
fomentar una cultura de preparación ante el riesgo;
• Continuar los esfuerzos nacionales para ratificar
y cumplir con el Protocolo de Montreal y sus
enmiendas (eliminando la producción y consumo de
sustancias agotadoras del ozono, legislaciones
nacionales e implementando sistemas de licencias,
entre otros);
• Trabajar con países desarrollados para mantener
las iniciativas de apoyo internacional y multilateral
orientadas a la promoción de transferencia de tecnologías,
intercambio de conocimiento y uso de sustancias
alternativas en países en desarrollo (incluyendo
el Programa de Acción Ozono);
• Firmar y ratificar la Convención de
Rótterdam, la cual obliga a los exportadores que
comer-cian con sustancias peligrosas a obtener un
Consentimiento Informado Previo de los importadores,
antes de proceder a su comercio; asimismo firmar y ratificar
el Convenio de Estocolmo, el cual es un tratado
mundial para proteger la salud humana y el ambiente
de los efectos adversos de los COPs, como un primer
paso para el manejo de los impactos de las sustancias
peligrosas.
3.- LOS RETOS DEL SIGLO 21
La integración de los tres pilares de la sostenibilidad
–por mucho el mayor reto global sin resolver para
el siglo 21- requerirá atender sus vínculos en todos los
campos, incluyendo lo legal, lo institucional, lo político,
lo cultural, lo tecnológico y lo relativo a la ética.
Cada una de estas dimensiones representa oportunidades
para algunos y restricciones para los otros, que
deberán identificarse y tomarse en cuenta en el diseño
de políticas (Banuri y otros, 2002; Henderson, 1997).
Más que como un activo, la sustentabilidad ambiental
se ve como un obstáculo para los actuales
patrones de producción y consumo en la región.
Todavía hay poca aceptación al hecho de que
cualquier esfuerzo orientado a cambiar estos patrones
proactivamente, contribuirá al crecimiento de ventajas
comparativas en los mercados globales con beneficios
ambientales y económicos en el largo plazo.
La región de América Latina y el Caribe muestra
algunas de las mayores desigualdades de ingresos en el
mundo. Ambos extremos de esta brecha tienen consecuencias
negativas importantes en el ambiente y se traducen
en preocupaciones relacionadas con la sustentabilidad
social de la región. Desde una perspectiva
institucional, la reasignación de recursos implica cambios
profundos en la estructura subyacente de incentivos
que requiere de un fuerte apoyo político de la
población. Uno de los retos clave en esta área se vincula
con el manejo territorial sustentable, que requiere
de una intensa participación social y de acuerdos institucionales
innovadores a nivel local y subnacional.
(Altenburg et al., 1990; Sunkel, 1991).
Tales acciones implican una vigorosa autoridad
democrática a nivel nacional y, sobre todo, un firme
manejo democrático de gobernabilidad global de las
instituciones internacionales multilaterales (Capra,
2002). En América Latina y el Caribe, Brasil, México y
Argentina juegan un papel líder en esta ruta, pero
puede esperarse lo mismo de muchas otras naciones
pequeñas.
El otro punto importante de preocupación, en
donde se requieren políticas visionarias para la región
es el tema de la globalización. La tendencia predominante
en el mercado global parece depender cada vez
más de la exclusión social y la desregulación laboral.
Esta tendencia debe considerase al abordar las políticas
regionales relativas al mejoramiento de la calidad de
vida, que incluye agua y saneamiento, fuentes alternas
de energía, transporte y un camino integral hacia la
“desmaterialización”.
Tal vez el desarrollo de la región necesite seguir un
sendero diferente al utilizado por los países desarrollados,
que reduzca el consumo y el desperdicio, con tecnologías
y patrones de producción más limpios, distintos
a los países ricos. Para ello, se necesitan políticas
específicas de la región y de la comunidad internacional.
Se requieren cambios importantes para modificar
los actuales mercados financieros especulativos. Debe