Publicado con la asistencia financiera del Gobierno de Bélgica.

GEO Área Metropolitana Rosario
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La Ley Provincial Nº 11.717 de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable prevé en su capítulo V
“Mecanismos de participación ciudadana”. En ese
marco se contempla la creación del Parlamento
Estudiantil Ambiental que se convierte en el ámbito de
análisis de las problemáticas ambientales locales y en
un activo mecanismo para proponer acciones, programas
y normas para la preservación, conservación,
mejoramiento y recuperación del medio ambiente.
La experiencia piloto fue inicialmente focalizada
en las ciudades de San Lorenzo y Gálvez, en el año
2003. Los objetivos de este proyecto son:
• Contribuir a la educación de la juventud escolarizada
en la participación y el compromiso
responsable.
• Proponer acciones, programas y normas para la
preservación, conservación, mejoramiento y recuperación
del medio ambiente.
• Colaborar con las autoridades ambientales en
todo lo relacionado con esta problemática.
• Generar conciencia ambiental.
• Cada parlamentario representante de cada institución
escolar participante, presentará un proyecto
elaborado en su escuela. Las resoluciones, dictámenes
y sugerencias surgidas de este cuerpo
serán de carácter no vinculante.
Defensoría del pueblo
Fue creada por Ley Provincial nº 10396 el 20 de
junio de 1990 con sedes en Rosario y Santa Fe y distintas
delegaciones, dentro del Área Metropolitana se
encuentran las de San Lorenzo y Granadero Baigorria.
La Defensoría del Pueblo es un organismo descentralizado,
unipersonal e independiente con autonomía
funcional y autarquía financiera, con facultades de
control extrapoder.
Protege los derechos fundamentales del individuo
y los intereses difusos o colectivos de la comunidad
contra actos irregulares, arbitrarios, ilegítimos, discriminatorios
o negligentes de los funcionarios de la
Administración Pública.
Sin perjuicio de presentar la denuncia de hechos
delictuales, básicamente el Defensor del Pueblo efectúa
recomendaciones a los funcionarios, propone la
modificación de normas legales, efectúa críticas y
amonestaciones y hace pública su labor a través de
informes.
Ejerce la defensa del individuo y de la comunidad
tanto en el plano de los derechos fundamentales, derechos
económicos (protección del consumidor) como
en los intereses difusos.
De esta manera, el Defensor del Pueblo de la
provincia de Santa Fe tiene competencia para actuar
sobre:
a) Administración pública centralizada - gobernación,
ministerios, secretarías y subsecretarías del
Poder Ejecutivo (salud, obras públicas, medio ambiente,
seguridad, cultura, promoción comunitaria, entre
otras áreas);
b) Administración pública descentralizada (entes
autárquicos IAPOS, Túnel Subfluvial, Lotería de Santa
Fe, empresas del Estado –EPE- y concesionadas –Aguas
Provinciales de Santa Fe);
c) Sociedades con participación estatal y personas
jurídicas en ejercicio de funciones públicas (Colegios
de Profesionales).
El Defensor del Pueblo ejerce su jurisdicción sobre
todo el territorio provincial y actúa no sólo ante la
queja presentada por un ciudadano o grupo de personas
y/o instituciones. También puede hacerlo de oficio
cuando advierte alguna anormalidad, por vía de la
ya mencionada Ley 10.000 o, inclusive, a petición de
los diputados y senadores.
El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de
oficio o a petición del o los interesados, cualquier
investigación conducente al esclarecimiento de los
actos, hechos u omisiones de la Administración pública
provincial y sus agentes.
El Defensor se vincula institucionalmente con la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe a través de la
Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados por
medio de Comisiones específicas.
También puede elevar sugerencias al Poder
Ejecutivo Provincial, proyectos de ley o proponer reformas
de organización alternativas en organismos públicos.
Presupuesto participativo
Municipalidad de Rosario
Desde 2003 se ha implementado en la ciudad de
Rosario el Presupuesto Participativo, una experiencia
de participación ciudadana y de cogestión entre los
vecinos y la municipalidad, para definir prioridades de
obras y servicios, en la distribución de los recursos
existentes. Se asigna entre el 5 y el 6% del total de gastos
y recursos (unos 25 millones de pesos).