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CONCLUSIONES
Vamos avanzando. ¿Quiere decir esto que hemos logrado todo? No. Nos falta
mucho. Nos falta, porque observando la historia vemos que si no hacemos
prevención jurídica, tampoco alcanza. Hace 30 o 40 años que tenemos una
ley como la 17.711, que dice que nadie puede realizar derminados actos
jurídicos, por ejemplo, enajenar un bien de la sociedad conyugal, sin el
asentimiento del cónyuge, sin embargo, las mujeres siguen firmando los
documentos pertinentes sin que se las instruya sobre sus derechos.
Por eso, no sólo debemos dictar o modificar las leyes, además, creo que es
fundamental crear instrumentos y políticas públicas de difusión, formar en la
apropiación ciudadana y responsable de esos derechos. Por supuesto, también
creo que es muy positivo realizar entrevistas, reuniones de este tipo, que nos
permitan reflexionar, confrontar y discutir para crear consensos.
Con respecto al tema de la “capacidad de los adolescentes”, no vamos a
encontrar sólo la oposición de los hombres, también vamos a tener la de
algunas mujeres que comparten una posición paternalista y represora. El
poder no se abandona. Debemos tener en claro que está en debate algo muy
profundo. Muchas veces confundimos capacidad –que es algo que hace a la
dignidad del ser humano, al ejercicio de sus derechos– con elementos contingentes
como pueden serlo las problemáticas personales.
No quiero dejar de mencionar que estas convenciones también tienen la
virtud de explicitar que el Derecho de Familia debe existir para “todo” tipo
de familia. En la Argentina, se ha trabajado desde el Derecho para las familias
que accedían a los Tribunales de familia y no para atender aquellos problemas
que se derivan a los Juzgados de menores. La doctrina de la situación
irregular se proyectaba incluso sobre las vías de acceso a determinados
tribunales, conformándose, aunque involuntariamente, tribunales para
pobres y tribunales para pudientes.
Esta inequidad, que judicializa la pobreza, se basó en una ley obsoleta,
que, da vergüenza decirlo, data de 1919, la 10.903 o Ley de Patronato, que
algunos consideran vigente.
Estamos señalando la debida atención que debe ponerse en la responsabilidad
del Estado como sostenedor y como apoyo especial para el preciso
cumplimiento de la función paterna. Pensamos en un Derecho de Familia
omnicomprensivo que, básicamente, debe tener como uno de sus objetivos
ser un instrumento valioso para todo tipo de familia y, en especial, para
aquellas cuyas condiciones de vida son un importante obstáculo para el
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