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la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, que es el que debe controlar
su cumplimiento y atender las denuncias que se presenten.
Si relacionamos ambas convenciones, y teniendo en cuenta el título del
seminario que hoy nos ha convocado, “Del iure al facto”, quiero referirme a
uno de los ejes de mi gestión, que engloba la situación de mujeres adultas y
adolescentes y en la que reside una de las cuestiones prioritarias que se
impulsan desde el Consejo Nacional de la Mujer. Me refiero al tema de la
accesibilidad a la salud integral y, específicamente, al ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos.
En este sentido, quiero compartir con ustedes la trascendencia de la decisión
política del gobierno nacional de llevar ante la Asamblea General de
Naciones Unidas denominada “Beijing 5 años después”, en el mes de junio
del año 2000, una gran definición en defensa de los derechos humanos de
nuestras mujeres: ante todos los países del mundo la Argentina manifestó
públicamente su decisión de que los derechos sexuales y reproductivos de
las argentinas sean considerados derechos humanos. Y hago hincapié en
esto porque en el ámbito nacional no se había desarrollado una política
pública en defensa de estos derechos, ni el Congreso Nacional había sancionado
una ley que los amparara, pese a la existencia de importantes proyectos
legislativos que, originados en la Cámara de Diputados, no recibieron
tratamiento en la Cámara de Senadores.
Sin embargo, las dos convenciones que hoy analizamos ya eran ley nacional
en nuestro país, y ambas tenían rango constitucional desde el año 1994.
Si estudiamos los articulados en las normas que se refieren a la salud de las
niñas, jóvenes y mujeres adultas, podremos concluir sin equivocarnos que
sus normativas amparan sin lugar a dudas la obligación por parte del Estado
nacional de propiciar las acciones que tiendan a su cumplimiento, y esto
basta para sostener que la falta de políticas activas en esta materia en el
nivel nacional era consecuencia, exclusivamente, de la inexistencia de la
voluntad política de llevarlas adelante: bastaba cumplir con nuestra
Constitución, nada más ni nada menos.
ADENTRÉMONOS EN LA NORMATIVA
En lo que respecta a la Convención sobre los Derechos del Niño, quiero
comentarles cuáles son los artículos que se refieren a la cuestión de la
salud; por un lado, el artículo 17, que sostiene: “[...] Los estados en parte
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