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debe ser utilizada junto con la Convención de Belem do Pará de 1994. Pero
la actualización de la CEDAW no sólo es posible mediante un cambio de la
propia Convención, sino que se puede proponer una ampliación. En este
sentido, yo en particular pienso que nosotras, las mujeres, no tenemos el
poder suficiente como para mejorar la CEDAW, pero que debemos, sí, tener
el poder de presionar a los gobiernos de nuestros países para que firmen y
ratifiquen el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que amplía los poderes de
su Comité para recibir e investigar denuncias de violaciones de los derechos
humanos de las mujeres. Es en este sentido que considero que tenemos que
avanzar en la construcción de un derecho nuevo, un derecho nuevo que
incorpore a la CEDAW, la Convención de Belem do Pará y los principios éticos
de los planes de acción de la década de 1990, de la Conferencia de
Viena, de la Conferencia del Cairo sobre población y desarrollo, de la
Conferencia de Beijing, de la Conferencia de Copenhagen y también de la
Conferencia del Medio Ambiente.
El contenido de esos planes de acción de las conferencias de las
Naciones Unidas realizadas en la década de 1990 se ha erigido de hecho
en principios generales de derecho internacional, que a partir del momento
en que son incorporados a las legislaciones nacionales se transforman
en principios generales de las leyes nacionales. Por ejemplo, el artículo 12
de la CEDAW, que trata de la salud de las mujeres, habla muy poco sobre
derechos reproductivos, se refiere simplemente a la posibilidad de tener o
no tener hijos, y a que esta decisión les compete a la mujer y al hombre
sin presión del Estado. Pero nosotras sabemos que en el Plan del Cairo, y
en el Plan de Acción de la 4ª Conferencia de la Mujer de Beijing, se avanzó
mucho en la idea de que los derechos reproductivos también son derechos
humanos. Es en ese sentido que es posible utilizar el artículo 12 de
la CEDAW con una interpretación más extensiva y más amplia a través de
los planes de acción de las conferencias de la década de 1990. Más allá
de que se trata de un ejercicio muy interesante, creo que es un ejercicio
que nosotras, mujeres, y particularmente las mujeres que trabajamos como
operadoras de derechos, tenemos la necesidad y debemos tomar el compromiso
de llevar a cabo.
De alguna manera, desde 1979 hasta nuestros días hubo un esfuerzo
legislativo muy grande, pero -como ya he dicho- la distancia entre ese
esfuerzo legislativo y las políticas públicas también es muy grande todavía.
Por ejemplo: el Poder Legislativo ha aprobado leyes en consonancia con el
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