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garanticen la efectiva igualdad de mujeres y varones en todas las áreas del
nivel jerárquico (artículo 104, inciso 28). En materia de educación, deben
incorporarse programas de derechos humanos y educación sexual, y contemplar
la perspectiva de género.
En cuanto a los derechos reproductivos, se establece que la Ley de salud
básica deberá promover la maternidad y la paternidad responsables, y poner
a disposición de las personas la información, educación, métodos y prestaciones
de servicios que posibiliten el ejercicio de los derechos reproductivos.
También se deberá garantizar la atención integral del embarazo, parto
y puerperio. Más aún: consta, en el texto constitucional, el derecho a decidir
sobre la maternidad y paternidad. Sin lugar a dudas, éste ha sido un
logro significativo del movimiento de mujeres, y ha llevado a la sanción por
parte de la Legislatura de la Ley de salud reproductiva. Ahora enfrentamos
un nuevo desafío: una política pública de salud que tenga en cuenta las
prioridades de las mujeres.
A modo de síntesis, la reforma de la Constitución de 1994 no solo amplió
los derechos y las garantías con la incorporación de los tratados internacionales
de derechos humanos –que son de aplicación directa y obligatoria–,
sino que creó herramientas de acción para hacer efectivos los derechos.
Como bien lo advierte Bidart Campos, 10 la inserción de la mujer como
parte del todo social en un derecho constitucional humanitario no se consigue
únicamente con normas favorables. El Derecho –o, mejor, el mundo
jurídico político– no es solamente un conjunto de normas; se integra, además,
con conductas y valores. Prueba de ello es el articulado de la
Convención que, junto a las medidas y protecciones, y el deber de adecuar
las normas del Derecho interno –constituciones, leyes– a las del tratado
internacional, obliga a los estados a realizar prestaciones efectivas y
a dar garantías.
Se pregunta Bidart Campos: ¿qué otro sentido tienen, si no, las remisiones
a la modificación de los patrones socioculturales, a la educación familiar,
al acceso a los programas de estudio y capacitación, a la eliminación de
todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino, a la igualdad
de oportunidades, y otras medidas del mismo tenor? En realidad, ha
quedado incorporada a la Constitución de la Nación la obligatoriedad del
10. Bidart Campos, ob. cit., p. 93.
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