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CONCLUSIONES Vamos avanzando. ¿Quiere decir esto que hemos logrado todo? No. Nos falta mucho. Nos falta, porque observando la historia vemos que si no hacemos prevención jurídica, tampoco alcanza. Hace 30 o 40 años que tenemos una ley como la 17.711, que dice que nadie puede realizar derminados actos jurídicos, por ejemplo, enajenar un bien de la sociedad conyugal, sin el asentimiento del cónyuge, sin embargo, las mujeres siguen firmando los documentos pertinentes sin que se las instruya sobre sus derechos. Por eso, no sólo debemos dictar o modificar las leyes, además, creo que es fundamental crear instrumentos y políticas públicas de difusión, formar en la apropiación ciudadana y responsable de esos derechos. Por supuesto, también creo que es muy positivo realizar entrevistas, reuniones de este tipo, que nos permitan reflexionar, confrontar y discutir para crear consensos. Con respecto al tema de la “capacidad de los adolescentes”, no vamos a encontrar sólo la oposición de los hombres, también vamos a tener la de algunas mujeres que comparten una posición paternalista y represora. El poder no se abandona. Debemos tener en claro que está en debate algo muy profundo. Muchas veces confundimos capacidad –que es algo que hace a la dignidad del ser humano, al ejercicio de sus derechos– con elementos contingentes como pueden serlo las problemáticas personales. No quiero dejar de mencionar que estas convenciones también tienen la virtud de explicitar que el Derecho de Familia debe existir para “todo” tipo de familia. En la Argentina, se ha trabajado desde el Derecho para las familias que accedían a los Tribunales de familia y no para atender aquellos problemas que se derivan a los Juzgados de menores. La doctrina de la situación irregular se proyectaba incluso sobre las vías de acceso a determinados tribunales, conformándose, aunque involuntariamente, tribunales para pobres y tribunales para pudientes. Esta inequidad, que judicializa la pobreza, se basó en una ley obsoleta, que, da vergüenza decirlo, data de 1919, la 10.903 o Ley de Patronato, que algunos consideran vigente. Estamos señalando la debida atención que debe ponerse en la responsabilidad del Estado como sostenedor y como apoyo especial para el preciso cumplimiento de la función paterna. Pensamos en un Derecho de Familia omnicomprensivo que, básicamente, debe tener como uno de sus objetivos ser un instrumento valioso para todo tipo de familia y, en especial, para aquellas cuyas condiciones de vida son un importante obstáculo para el 111
ejercicio pleno de los derechos humanos de sus integrantes. De todas maneras creo que seguimos avanzando; que el Consejo Nacional de la Mujer nos invite, y que estemos aquí con UNICEF, hablando e intercambiando ideas, que se dé esta posibilidad de un debate enriquecedor es muy positivo. 112
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