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exactamente aquí, en este ámbito, se tenga en cuenta la necesidad de contemplar
que en la legislación y en el diseño de las políticas debe reducirse
la discrecionalidad de los planificadores y de los gerentes sociales.
Una segunda dimensión de la política social reside en lo que genéricamente
podría calificarse como política judicial, y en esto creo que la región
da lecciones, da lecciones sobre lo que ha significado el avance en las reformas
legislativas en pro de modernizar la justicia para la niñez y la adolescencia.
La política judicial tendría que entenderse, pues, como una respuesta
institucional para el cumplimiento de las garantías y los derechos
fundamentales en los procesos judiciales, y también como una fuente para
la restitución de los derechos, no solamente de los adolescentes en conflicto
con la ley, sino de todos y todas las niñas y los adolescentes, ya que ésa
es la otra parte de la historia, pues implicaría que la niñez y la adolescencia
tengan acceso a la justicia en todas las esferas en las que ésta toma intervención:
desde el Derecho de Familia hasta el Derecho Constitucional,
pasando incluso por el Derecho Penal, como ha ocurrido, ya sea en calidad
de víctimas o de victimarios y dependiendo de la edad y de todas las instancias
que conocemos.
Se trata de otra forma de concebir la universalidad: qué ocurre cuando un
niño o un adolescente, directamente, sin intermediación o con intermediación,
con el apoyo o no de un adulto, pide amparo por la violación de su
derecho a la educación, ¿tiene o no acceso a la justicia constitucional en
nuestros países? Y aquí se trata de una discusión sobre el Derecho Civil y
el nuevo derecho de niños y adolescentes, que ya ha comenzado, que es una
pregunta que de alguna manera esta ahí, para discutir, y que alguna gente
ya está contemplando.
Otro tanto ocurre respecto de cuáles son los mecanismos de exigibilidad
de las instituciones de derechos que pueden tener los niños y los adolescentes
en las nuevas instancias judiciales que se han creado desde la
perspectiva del Derecho de Niñez y Adolescencia, todos estos tribunales
que se han especializado en la protección de derechos. O sea, cuántos
derechos sociales se están exigiendo cuando ya no queda otra instancia y
es necesario acceder a la justicia. Se trata de un punto de encuentro entre
los derechos sociales y los derechos fundamentales de los niños y los adolescentes
que me parece interesante explorar y que debería incorporarse
en esta discusión.
Por último, la tercera dimensión consiste en cómo concebir como políti-
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