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del concubinato o de las prestaciones complementarias. 4
Aunque no debe desestimarse la importancia de las reformas democratizadoras
conviene recordar, empero, que –con la excepción de la Ley
de patria potestad– ellas son el resultado más de una acción política
directa del gobierno que de las demandas del movimiento de mujeres; es
decir, se trató de reformas democráticas efectuadas en el marco de la
transición, destinadas a ampliar los espacios de libertad, y no del producto
de un proyecto pensado y articulado sobre el lugar de las mujeres
en ese proceso. Sin embargo, el espacio democrático y los canales de participación
que se crearon facilitaron que las inquietudes de las mujeres
pudieran expresarse, que se constituyeran organizaciones sociales que se
hicieran cargo de las demandas e irrumpieran en la escena pública, en
los medios de comunicación social, en las universidades, en las instituciones
públicas, y generaran cambios significativos no sólo en sus propias
acciones, sino en el conjunto de la sociedad.
La Ley de violencia doméstica y la reforma de la Ley electoral –llamada
Ley de cupos–, que hace obligatoria la representación de mujeres
en las listas para cargos representativos, manifiestan la legitimación del
tema en la década.
4. Patricia M. Costa y Sofía Harari, “Las normas del derecho de familia y la discriminación
en razón del género”, en Haydée Birgin (comp.), El Derecho en el género y el género en el
Derecho, Buenos Aires, Biblos, 2000. Las autoras del artículo analizan casos de discriminación
directa e inversa.
La discriminación directa se manifiesta en normas como las siguientes: a) el régimen patrimonial
del matrimonio (dote de la mujer, presunción de administración marital en caso de
titularidad incierta, reconocimiento de los bienes adquiridos por las mujeres durante el
matrimonio como propios, a diferencia de los adquiridos por los varones); b) la imposición
obligatoria del apellido paterno, con la facultad otorgada a la pareja (o al hijo mayor de 18
años) de agregar el apellido materno; c) la acción de impugnación de paternidad, en cuyo
ejercicio las mujeres no están legitimadas.
La discriminación inversa, sustentada en el argumento de la protección, se encuentra en los
siguientes casos: a) la muerte presuntiva del cónyuge, que habilita a las mujeres a optar por el
ejercicio provisorio de los derechos subordinados al fallecimiento o exigir la división judicial de
los bienes (derecho que no se concede a los varones); b) el derecho de la nuera viuda sin hijos
sobrevivientes a una cuarta parte de los bienes que hubiesen correspondido a su marido en la
sucesión de sus suegros; c) la tenencia de hijos menores de cinco años que, en caso de divorcio
o separación de la pareja, se presume otorgado a la madre, salvo existencia de causas graves.
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