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cabe es complejo, pues debe cubrir la brecha entre exclusión social e inclusión
política procurando la construcción progresiva de ciudadanía y a la vez
ocupando el rol de integración que necesariamente debe cumplir en un contexto
de sociedad fragmentada.
Para caracterizar adecuadamente el proceso y las condiciones en las que
se generan las políticas públicas se requiere identificar el contexto económico,
político y social, ya que éste determina la forma que adoptan las relaciones
entre el Estado y sociedad civil. Asimismo, se deberían identificar
los roles y las funciones que el Estado ha asumido a lo largo del tiempo
como consecuencia de esta dinámica.
Los profundos cambios económicos que se observan en América Latina
se atribuyen a una inevitable fuerza identificada con la globalización. Sin
embargo, aun cuando este proceso de globalización deba considerarse como
un indicador para las economías domésticas, los rendimientos locales,
incluyendo sus impactos sociales, varían según la forma como las instituciones
de cada sociedad procesan su relación con el contexto económico y
con la sociedad civil.
Es justamente en este contexto que cobra relevancia la necesidad de
considerar la perspectiva de los derechos plasmados tanto en el la CDN
como en la CEDAW como categoría fundamental para el análisis de los
procesos de reforma o rediseño estatal que requieren la efectivización de
la ciudadanía plena, no sólo desde un enfoque teórico-analítico sino en
materia de implementación de políticas que permitan la progresiva
ampliación de derechos.
Cada vez es más necesario centrar la mirada en las políticas públicas
como componente esencial en la construcción de ciudadanía e incluir su
proceso de implementación (las herramientas, las tecnologías de gestión y
los procesos de evaluación y análisis), que deberá estar al servicio de mejorar
la calidad y capacidad de las mismas para fortalecer y mejorar el sistema
democrático; ya que el modo de implementación de una política pública
la califica tanto como su diseño. 7
Ahora bien, ¿qué tipo de instituciones permitirían llevar a cabo políticas
efectivas para el ejercicio de derechos humanos? Es evidente que la
7. Douglas C. Bennett, Democracy and public policy analysis, Working Paper Núm.16,
Kellog Institute for International Studies, April, 1984.
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