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Cuando se nos prisioniza se nos somete a un sistema en el que se regula
lo que en la vida libre el adulto hace cuando quiere o más o menos cuando
puede. Pero en la cárcel se nos mete en un régimen que es fundamentalmente
adolescente y que nos exime de todas las responsabilidades de la vida
adulta, entre otras la de mantener a la familia. Naturalmente, cuando una
institución con características análogas recoge niños o adolescentes el proceso
deteriorante no sólo es más violento, debido a la etapa evolutiva por la
que atraviesa, sino que eso lo deteriora más porque deja una marca en la
etapa evolutiva, y además esa etapa le proporciona a la institución características
que en sí mismas son más violentas. Entonces, por características
normales de la etapa, el niño o el adolescente tienen más tendencia al acting
out que el adulto. En lo personal, no tengo miedo y por eso me he metido
muchas veces en motines carcelarios, pero no me meto en un motín de niños
y adolescentes: les tengo más miedo porque hay más dificultad para encontrar
interlocutor, para poder establecer bases, para lograr que se depongan
las actitudes, es por momentos más peligroso.
La ley argentina respecto de niños y adolescentes se mantiene en una
etapa estalinista: el tribunal puede internar a un/a niño/a adolescente porque
tiene errores de conducta, aunque no haya cometido ningún delito,
incluso si ha sido víctima del delito. Me permito preguntar a los jueces
quién no tiene errores de conducta, depende del momento del día en que se
lo pesque. Obviamente, esto significa decirle al tribunal “haga lo que quiera”.
No nos engañemos, una institucionalización es una pena con consecuencias
más graves que las que tiene la prisionización del adulto. De modo
que tenemos una ley que permite imponer penas con consecuencias más
graves que las del adulto cuando se le da la gana al tribunal.
Ésa es, en síntesis, la situación actual. Estoy proponiendo que devolvamos
a los niños al derecho penal, por lo menos en cuanto a las garantías.
Por el hecho de ser niño, el niño no puede tener menos garantías que
las que corresponden a un adulto que hubiese realizado la misma conducta,
éste es el problema, y no la cuestión de la imputabilidad o la inimputabilidad
del menor.
El imputable y el inimputable adulto tienen que tener las mismas garantías,
yo puedo ser absolutamente loco, puedo creerme Napoleón o Lord
Nelson y puedo aparecer implicado en un robo, homicidio o lo que sea, pero
para declararme autor del robo o del homicidio, que abre una posibilidad de
imponerme una medida de seguridad, de internación, tengo que estar en jui-
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