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consideración primordial en todos los casos.
El artículo 12 determina que los Estados Partes deben tomar las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación de la mujer en la esfera de la
atención médica, con el fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica -incluyendo los
que se refieren a la planificación familiar-, así como garantizar servicios
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al
parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fueren necesarios y asegurando
una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
Por último, el artículo 16 inciso “E” de la misma Convención reconoce
también la necesidad de que los Estados Partes tomen medidas adecuadas
para eliminar la discriminación de la mujer en todos los asuntos relacionados
con el matrimonio y las relaciones familiares. En particular, asegurarán,
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos
a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo
entre los nacimientos, a tener acceso a la información, a la educación y a los
medios que les permitan ejercer estos derechos.
Las normas analizadas forman parte de la normativa constitucional, y son
de cumplimiento obligatorio para el Estado (nacional, provincial y municipal).
Bastaría ponerlas en ejecución, como lo he planteado en esta intervención.
Sin embargo, desde un amplio espectro de opinión, dentro del cual se
encuentra la opìnión del Consejo Nacional de la Mujer, se define de gran
valor político, introducir la sanción de leyes que promuevan y garanticen la
salud sexual y reproductiva de las mujeres en todas las jurisdicciones provinciales
y en la nacional. Ello permitiría generar un proceso de trabajo muy
importante que generaría un ámbito de debate social y daría mayor sustento
y representatividad política a un tema que a pesar de contar con la norma
constitucional que le otorga legitimidad, sigue siendo polémico, y aún existen
sectores que siguen interesados en sostener temores y fantasmas. Es por
eso que, a pesar del sustento constitucional, es tan importante propugnar
estos proyectos legislativos, no sólo porque fortalecen la idea de defensa de
los derechos humanos de nuestras ciudadanas, sino porque desmitifican
aquellas cuestiones que atentan contra la accesibilidad a los servicios de
salud. Así lo entendieron las legislaturas de diez provincias que sancionaron
su legislación en salud sexual y reproductiva y la de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, aunque la sanción de las leyes es fundamental, como ya lo he
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