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ello instrumentos que les garanticen cierto grado de igualdad en relación
con las instituciones públicas y los funcionarios y políticos y tomadores de
decisiones, porque el problema, de alguna manera -revisando un poco la
experiencia de lo que hemos hecho- reside en que se puede dotar a las
comunidades, a la sociedad civil de ciertos instrumentos sin que tengan el
carácter de exigibilidad ni de vinculación con decisiones suficientes para
cambiar algo. Es decir que estamos creando instituciones de la sociedad
civil sin poder y en eso hemos participado todos, ésta ha sido la primera
parte de la experiencia. Además, equiparar el poder de instituciones públicas,
en un modelo tan estatista como el nuestro, y cepillarle los colmillos a
muchas posibles normativas ha sido, de alguna manera, parte de la negociación
para lograr legislaciones, para avanzar un poquito.
Pero fíjense que dotar de poder y de mecanismos de exigibilidad a las
comunidades, a la sociedad civil, tendría un doble carácter: en primer lugar,
como alguna vez escuché decir, sustituir la calle y las pedradas por formas
de diálogo y por discusiones institucionales que logren buscar soluciones un
poco más sólidas. En segundo lugar, dotar a la parte de la demanda de políticas
públicas de instrumentos que tengan una incidencia sobre la propia
oferta; creo que la vigilancia ciudadana, la participación, el rendimiento de
cuentas deben tener en su contenido efectos positivos sobre el tema del
mejoramiento de los servicios, y no sólo por presión, no sólo por persecución,
por miedo a los funcionarios públicos, no sólo por eso, sino también
por la sabiduría misma que la gente tiene y que puede transmitir. Hasta la
gente más joven sabe cómo hacer para resolver algunas cosas que el funcionario
público no es capaz de oler, de ver, de sentir, y desde ese punto de
vista me parece que hay una perspectiva de mejorar las políticas.
Una última idea sobre algo que desarrollé un poco, con cosas más puntuales
y con algún tipo de instrumentos, es la siguiente: que en términos de
legislaciones y de políticas que incorporen el tema de la vigilancia social, el
tema de la exigibilidad de los derechos, no hay recetas. No es posible decir
“éste es el camino”, ni vender una idea mesiánica acerca de por dónde tiene
que ir la cosa. Creo que depende mucho de las circunstancias, depende
mucho del desarrollo intelectual y técnico de los países, eso es vital: depende
de los grados de complejidad de cada país.
Sin embargo, estoy dispuesto a arriesgarme a compartir algunas experiencias
de Juventus, algunas cosas que hemos ido desarrollando para ver
qué ocurre en el debate. En el caso de Costa Rica hemos optado por una fór-
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