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Amplia aplicación del principio de oportunidad de la persecución, así
como salidas alternativas durante el procedimiento.
•Considerar la privación de libertad como un recurso excepcional y de
corta duración y establecer un conjunto de medidas alternativas.
En muchos países de América Latina se han instalado sistemas de
responsabilidad de los adolescentes ante el sistema penal, la mayoría de
los cuales se estructura sobre la base de criterios garantísticos y preventivo-especiales,
considerando las garantías sustanciales y procesales
y las sanciones como medidas socio-educativas. Como es obvio, el desarrollo
de estos sistemas no ha producido iguales resultados en distintos
lugares y su mejor o peor desempeño depende en gran parte del contexto
jurídico-institucional.
Así, por ejemplo, en el caso de Chile, la inexistencia de un desarrollo
institucional suficiente para implementar un sistema de enjuiciamiento acusatorio
ha llevado al retraso de la tramitación de una ley de responsabilidad
penal de los adolescentes, 20 mientras que países como Ecuador, que reformaron
su legislación a mediados de la década 1990, hoy se encuentran preparando
una segunda reforma que incluya el sistema acusatorio.
En general, estas leyes respetan el principio de una justicia especializada
para las personas menores de 18 años, garantía que, en cambio,
no es satisfecha estrictamente en Chile y la Argentina, países que
aún mantienen el sistema tutelar y permiten, si se cumplen determinadas
circunstancias, la sanción de los adolescentes mayores de dieciséis
años como adultos.
El Brasil y Costa Rica pueden ser considerados como dos sistemas
interesantes para estudiar en esta área, el primero debido a que luego de
diez años de aplicación del Estatuto se hace posible evaluar sus resultados,
lo que permite comprobar, entre otras cosas, que un mismo sistema
jurídico tiene funcionamientos diferentes según el Estado de que se trate.
En aquellos estados del Brasil en que la cultura garantista es más fuerte,
como Santa Catarina, los resultados son diferentes de aquellos que se
obtienen en otros que todavía permanecen imbuidos de un espíritu paternalista
o represivo. Se trata de un indicador claro de la necesidad de
20. El Ministerio de Justicia de Chile tiene preparado un Anteproyecto desde 1998.
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