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político-económica acerca de la condición objetiva de escasez de recursos<br />

de un Estado en un momento determinado, y a ello le sumamos su situación<br />

institucional y los vaivenes políticos que obstaculizan dar prioridad a normativas<br />

y políticas que permitan la protección de derechos de los grupos<br />

más desaventajados, nos encontramos frente a una encrucijada mayor.<br />

Todos los artículos incluidos en este libro se refieren a la distancia existente<br />

entre los derechos formulados y los derechos efectivamente protegidos.<br />

En relación con los derechos de las mujeres adultas, hay un cierto consenso<br />

acerca del importante avance alcanzado en la legislación de la<br />

República Argentina, si bien aún podrían ampliarse algunos derechos específicos.<br />

En cambio, la legislación sobre infancia presenta aún importantes<br />

distancias entre lo estipulado en la Constitución de la Nación Argentina a<br />

partir de la reforma de 1994 y la normativa interna.<br />

Se requiere entonces un importante esfuerzo normativo para ajustar la<br />

legislación nacional y las legislaciones provinciales a los postulados de la<br />

Constitución. Pero más allá de esto, tal vez el desafío máximo se presenta<br />

en términos de afianzar políticas públicas que permitan que el engranaje<br />

jurídico que se ha logrado hasta la fecha pueda hacerse realidad en la vida<br />

de las mujeres y en la vida de los niños y niñas. En este sentido, como sostienen<br />

varios de los artículos de este libro, el mayor reto de la actualidad se<br />

ubica en la aplicación efectiva de los derechos reconocidos y por tanto<br />

requiere de un amplio compromiso político. El riesgo no es ya el de no ser<br />

capaces -como Nación- de disminuir la brecha entre los derechos que forman<br />

parte de nuestra carta constitucional y la vida cotidiana de hombres,<br />

mujeres, niños y niñas. El riesgo es que día a día esta distancia pueda continuar<br />

ampliándose.<br />

POLÍTICA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL<br />

La integración social, material y simbólica es uno de los aspectos relevantes<br />

que el Estado debe garantizar para sostener los umbrales de gobernabilidad<br />

requeridos para el desarrollo de una sociedad. 6 Esta perspectiva<br />

ubica al tema de la política pública en un lugar medular, el papel que le<br />

6. Aquí se entiende por gobernabilidad la “capacidad de autorreproducción de un sistema<br />

complejo, incluyendo en ello la continuidad del régimen democrático (...)” Tomado de Mario<br />

Dos Santos y Fernando Calderón, ¿Hacia un nuevo orden estatal en América Latina?<br />

Introducción metodológica, Buenos Aires, Proyecto PNUD-UNESCO-CLACSO, 1988.<br />

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