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político-económica acerca de la condición objetiva de escasez de recursos<br />
de un Estado en un momento determinado, y a ello le sumamos su situación<br />
institucional y los vaivenes políticos que obstaculizan dar prioridad a normativas<br />
y políticas que permitan la protección de derechos de los grupos<br />
más desaventajados, nos encontramos frente a una encrucijada mayor.<br />
Todos los artículos incluidos en este libro se refieren a la distancia existente<br />
entre los derechos formulados y los derechos efectivamente protegidos.<br />
En relación con los derechos de las mujeres adultas, hay un cierto consenso<br />
acerca del importante avance alcanzado en la legislación de la<br />
República Argentina, si bien aún podrían ampliarse algunos derechos específicos.<br />
En cambio, la legislación sobre infancia presenta aún importantes<br />
distancias entre lo estipulado en la Constitución de la Nación Argentina a<br />
partir de la reforma de 1994 y la normativa interna.<br />
Se requiere entonces un importante esfuerzo normativo para ajustar la<br />
legislación nacional y las legislaciones provinciales a los postulados de la<br />
Constitución. Pero más allá de esto, tal vez el desafío máximo se presenta<br />
en términos de afianzar políticas públicas que permitan que el engranaje<br />
jurídico que se ha logrado hasta la fecha pueda hacerse realidad en la vida<br />
de las mujeres y en la vida de los niños y niñas. En este sentido, como sostienen<br />
varios de los artículos de este libro, el mayor reto de la actualidad se<br />
ubica en la aplicación efectiva de los derechos reconocidos y por tanto<br />
requiere de un amplio compromiso político. El riesgo no es ya el de no ser<br />
capaces -como Nación- de disminuir la brecha entre los derechos que forman<br />
parte de nuestra carta constitucional y la vida cotidiana de hombres,<br />
mujeres, niños y niñas. El riesgo es que día a día esta distancia pueda continuar<br />
ampliándose.<br />
POLÍTICA PÚBLICA Y CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL<br />
La integración social, material y simbólica es uno de los aspectos relevantes<br />
que el Estado debe garantizar para sostener los umbrales de gobernabilidad<br />
requeridos para el desarrollo de una sociedad. 6 Esta perspectiva<br />
ubica al tema de la política pública en un lugar medular, el papel que le<br />
6. Aquí se entiende por gobernabilidad la “capacidad de autorreproducción de un sistema<br />
complejo, incluyendo en ello la continuidad del régimen democrático (...)” Tomado de Mario<br />
Dos Santos y Fernando Calderón, ¿Hacia un nuevo orden estatal en América Latina?<br />
Introducción metodológica, Buenos Aires, Proyecto PNUD-UNESCO-CLACSO, 1988.<br />
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