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está en la calle, y porque además van a padecer a lo largo de su vida las
carencias que provocan las deficiencias en los primeros años de la infancia.
Y digo esto porque son los problemas en los que hay que pensar.
¿Cómo se implementan políticas públicas?, ¿cómo se logra que el derecho
juegue un papel distinto del que ha jugado hasta ahora? Y cuando digo
distinto quiero ser absolutamente clara: reivindico la innovación en el nivel
de la ley, en el nivel de la norma, porque la considero sustancial. El derecho
tiene un efecto paradójico: por un lado sirve para conservar las relaciones
sociales existentes, y por otro lado para transformarlas, y es por eso que
se necesita que en ese lugar, en ese espacio simbólico que es el lugar de la
ley, se produzcan transformaciones. Pero las buenas conciencias no deben
quedarse tranquilas cuando se logra transformar el contenido de las normas,
porque esa transformación sólo puede efectivizarse a través de la modificación
de las prácticas sociales, y quienes operamos con el derecho, quienes
trabajamos con el derecho y además asumimos que el derecho es un discurso
social que en el mundo moderno está directamente asociado con el
poder, con la política, con la historia y con los contextos sociales en los cuales
se produce y tiene que ser aplicado, no podemos ignorar que el derecho
-y nuestra intervención- tiene un papel relevante a partir del modo en que
legitima algunos modelos, algunos estereotipos, y descarta otros.
Detrás de estas operaciones de asignación de sentido a conductas, a vínculos,
a modos de vida, a relaciones, el derecho opera políticamente. En
este sentido, creo que durante los años en que he ejercido la profesión como
abogada y en todos los que llevo en el área judicial, me he convencido de
que los operadores jurídicos, y de modo paradigmático los jueces –como
dice Derrida– tenemos a cargo esa imposibilidad de vincular lo general con
lo particular, de pasar de una norma que define en términos generales algunas
situaciones a ver de qué manera esa norma cumple un cierto papel en
el mundo concreto de un conflicto individual, que además no es un conflicto
individual aislado, y éste es otro aspecto de la cuestión.
Los jueces solemos creer que tenemos que resolver casos particulares,
como si cada caso particular no tuviera alguna relación con muchos otros
casos, algunos de los cuales llegan a los tribunales y otros no. En cada
caso particular en que los jueces tienen que resolver, en cada situación
concreta de un niño o de una mujer en la que es necesario determinar el
reconocimiento de algún derecho, los jueces estamos, sin saberlo, participando
en una especie de elaboración de lo que Dworkin llama un capítu-
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