Ver texto completo - IIDH

niñas y adolescentes como último recurso;
•se debe reconocer el principio de que ambos padres tienen iguales responsabilidades
y derechos en la crianza y educación de los hijos.
Si bien algunos cuerpos legales relativos a los derechos de los niños han
abordado estas materias, existe aún una gran tarea pendiente en relación
con el derecho civil y de familia. En este sentido, es posible observar que
en países europeos, como es el caso de España, este tema ha sido abordado
directamente desde el derecho civil, lo que tuvo como consecuencia el establecimiento
de nuevas definiciones de “las funciones parentales” y el desarrollo
de nuevas instituciones civiles para los casos de desamparo.
En este sentido, también ha sido importante la incorporación en
América Latina de nuevas garantías para los procesos de adopción que
impiden el tráfico de niños al exterior (como es el ejemplo del Paraguay)
y otorgan una mayor protección a los derechos del adoptado (el Brasil y
Chile, por ejemplo)
REGULACIÓN DE LAS FACULTADES PUNITIVAS DEL ESTADO
EN RELACIÓN CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Uno de los aportes más sustanciales de la Convención sobre los
Derechos del Niño en América Latina ha sido promover la creación de un
nuevo sistema de juzgamiento y atribución de consecuencias a los adolescentes
infractores de la ley penal, con la pretensión de convertir a este
sistema en un límite efectivo a la extensión del poder punitivo hacia
ámbitos no penales, lo que ha permitido que los adolescentes tengan
mecanismos jurídicos para oponerse a la pretensión punitivo/socio-educativa
del Estado.
Las siguientes son las características principales que estos sistemas
deberían considerar según la Convención y demás instrumentos que establecen
los derechos de las personas ante el sistema penal.
•Garantizar que ninguna persona menor de 18 años sea juzgada y sancionado
como adulto.
•Establecer una franja de responsabilidad especial cuyo límite superior
sean los 18 años y fijar un límite inferior desde el cual se considerará
que los niños no tienen capacidad de infringir las leyes penales.
•Asegurar a todos los adolescentes un debido proceso a través de un sistema
de justicia especializada, garantizando el derecho a la defensa.
80