Ver texto completo - IIDH

• garantía del derecho a recurrir ante autoridades superiores;
• libertad de expresión;
• libertad de conciencia;
• libertad de asociación y reunión.
Probablemente sea éste uno de los mayores déficits de los movimientos
de reforma legislativa en América Latina en cuanto a la necesidad de contener
mecanismos eficaces de protección de estos derechos-libertades. Y
aunque resulta curioso que esto se produzca en un continente donde la
Convención ha sido reconocida como un cambio de paradigma y cuyos
mayores logros han consistido en promover la consideración de los niños,
niñas y adolescentes como sujetos de derecho y como ciudadanos, sin
embargo, esto es explicable porque se trata de una zona del mundo donde el
déficit de ciudadanía afecta a gran parte de la población, pese a lo cual creo
que con la excepción de algunos países poco se ha hecho por superar el
paradigma de la incapacidad. Tal vez el acto de mayor audacia sea el reconocimiento
explícito que de la ciudadanía de la infancia ha introducido una
reforma reciente en la Constitución del Ecuador.
Pero los problemas no tienen relación sólo con la ciudadanía política,
entendida como capacidad de participar de la articulación de las decisiones
públicas que la afectan, que excede los derechos políticos de elegir y ser
elegidos. El paradigma de la incapacidad tiene su más fuerte expresión en
las normas civiles que al negarles la “capacidad de obrar”, privan a su vez
a los niños de la posibilidad de ejercer con cierta autonomía sus derechos,
estableciendo las potestades de los padres como derechos absolutos.
La historia muestra, por ejemplo, que antes de la entrada en vigencia de
los sistemas tutelares de menores, el Estado se restringía a ejecutar las órdenes
de prisión de los niños decretadas por sus padres en los casos de malos
comportamientos.
En la actualidad, en cambio, se observa una tendencia cada vez
mayor hacia la consideración de la minoría de edad no como un supuesto
de incapacidad de actuar, sino como una limitación de la capacidad,
que se fundamenta en razones de protección de sus derechos de acuerdo
con la Convención y no solamente de su persona y bienes, como se
establecía anteriormente. Para poner un ejemplo, en España el desarrollo
del derecho civil, incluso desde antes de la Convención, hace que
cada vez sean menos los actos en los que el padre sustituya la voluntad
76