humanos en Guatemala Diversidad desigualdad y exclusión

Capítulo 6 Derecho de propiedad y de consulta de los pueblos indígenas | 199
por el Código Municipal 756 . El Registro de Información Catastral (RIC) y el Registro
General de la Propiedad (RGP) son también instituciones clave, encargadas de
realizar actividades técnicas, administrativas y legales con el propósito de
establecer, mantener y actualizar el registro de la propiedad y el catastro a nivel
nacional.
2. Desconocimiento de derechos históricos
461. El principal obstáculo para el respeto y garantía del derecho a la propiedad
indígena en Guatemala, es el desconocimiento del uso y ocupación histórica como
fundamento de los derechos colectivos sobre la tierra, el territorio y los recursos
naturales de los pueblos y comunidades indígenas.
462. La CIDH no observa en la Ley de FONTIERRAS mecanismos claros para el
reconocimiento de la ocupación histórica de las comunidades que no cuentan con
títulos o cuyas tierras ancestrales están registradas a favor de terceros, incluyendo
el Estado. La CIDH toma nota que, según dispone la Ley de FONTIERRAS, los
beneficiarios de la adjudicación de tierras por regularización son comunidades y
personas individuales que fueron beneficiarias de la “política de transformación
agraria” dirigida por el extinto INTA, el cual les adjudicó tierras pero no les otorgó
un título inscrito en el Registro General de la Propiedad 757 . De este modo, se
adjudican tierras con base en determinados regímenes normativos, pero no con
base en la ocupación histórica de las comunidades. Asimismo, nota que la
institución ha promovido la titulación a través de créditos para su compra o el
acceso a la tierra mediante arrendamientos.
463. En cuanto a la SAA, frente a conflictos sobre la propiedad, el proceso consiste en
realizar reuniones entre las comunidades indígenas y los propietarios registrales o
poseedores de las tierras, en los que la SAA actúa como mediador y, si se logra
alcanzar un acuerdo, las comunidades pueden obtener la opción de comprar las
tierras. En este mecanismo, no se observa tampoco que el uso u ocupación
ancestral por parte de la comunidad determinen la pertenencia de la propiedad.
464. Dada la advertida inexistencia de un instrumento jurídico que haga efectiva el
reconocimiento y protección de la propiedad indígena, los diferentes reclamos
están siendo resueltos casuísticamente en el Organismo Judicial y la Corte de
Constitucionalidad, dejando así a discreción y conocimientos del operador de
justicia la resolución de una cuestión tan fundamental. En los procesos judiciales
para la recuperación y reconocimiento de tierras indígenas se advierte la
aplicación formalista del principio “primero en registro primero en derecho” según
el cual es propietario quien tiene un título y el título se comprueba si está
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Código Municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República, artículos 63-66, 108-109.
Según el artículo 42 de la Ley de FONTIERRAS, la regularización abarca las “entregadas o en proceso de
entrega por parte del Estado para determinar el cumplimiento de los Decretos Números 1551 [Ley de
Transformación Agraria], 60-70 [Declaración de interés público y de urgencia nacional establecer zonas de
desarrollo agrario que se indican] y 38-71 [Ley de Adjudicación, Tenencia y Uso de la Tierra en el Petén],
todos del Congreso de la República y sus reformas”. Artículo 42 de la Ley del Fondo de Tierras.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH