humanos en Guatemala Diversidad desigualdad y exclusión

Capítulo 4 Seguridad ciudadana | 73
regulando con detalle cuáles son las instituciones públicas que están en
condiciones de extender certificados de habilitación para sus empleados 229 .
141. En cuanto a Guatemala específicamente, hace más de diez años, la Comisión se
refirió a los problemas relacionados con la creciente intervención de empresas
privadas en servicios de seguridad. En su Informe sobre Justicia e Inclusión Social, la
CIDH llamó la atención sobre las numerosas acusaciones de violaciones de
derechos por parte de fuerzas de seguridad privada, así como la falta de
mecanismos y leyes de control 230 . Si bien se han dado ciertos pasos, la CIDH
lamenta advertir que persisten importantes retos en materia de registro, control,
investigación y persecución penal; lo que ha traído como consecuencia múltiples
abusos, como se evidenció en párrafos precedentes.
142. Al respecto, la Comisión valora que el 23 de noviembre de 2010 fue aprobada la
Ley de Servicios de Seguridad Privada, a través del Decreto No. 52-2010,
cumpliendo un compromiso contenido en el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder
Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Mediante dicha ley se
estableció la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP),
adscrita al Ministerio de Gobernación, y se otorgó un año para que las empresas de
seguridad se adecúen a requisitos más estrictos 231 . No obstante, la información al
alcance de la CIDH sugiere que se presentan serios retrasos y desafíos en el
cumplimiento efectivo de esta normativa. En particular, se informó que, si bien la
Ley entró en vigor en mayo de 2011, no fue sino hasta octubre de 2013 que el
Ministerio de Gobernación aprobó su Reglamento, mediante el Acuerdo
Gubernativo 417-2013. La información disponible indica que, para mayo de 2014,
había 148 empresas registradas, instituidas con Acuerdo Gubernativo o
Ministerial, que tendrían un total de 50.000 agentes dentro de sus filas. 139 de
éstas 148 empresas –esto es, el 94%- aún no se habrían adecuado al régimen
establecido en la referida ley, continuando sus operaciones 232 , pese a encontrarse
tipificado el delito de prestación de servicios “sin la autorización o sin la licencia de
operación” 233 . Asimismo, advierte que existen aún decenas de empresas no
registradas, lo cual como señaló en su informe sobre Justicia e Inclusión Social, “[…]
favorece la inexistencia de control estatal de las actividades llevadas adelante por
las mismas, en ocasiones delictivas, y facilita la comisión de abusos” 234 .
143. En cuanto a actividades de control, la información disponible indica que entre
enero y mayo de 2014, la DIGESSP habría realizado cerca de 75 operativos,
mientras que en el mismo período del 2013 realizó 33 235 . Si bien se reconoce que
se ha duplicado en un año el número de acciones de control, el alto número de
agentes de seguridad privada y la seriedad de los abusos reportados, evidencian
229
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CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (2009), párr. 73.
CIDH, Justicia e inclusión social: Los desafíos de la democracia en Guatemala (2003), párr. 93.
Artículo 67 de la Ley de Servicios de Seguridad Privada.
Diario La Hora, 139 de 148 empresas de seguridad privada aun no se adecuan a la ley, 28 de mayo de 2014.
Diario La Hora, Empresas de seguridad privada señalan paralización de procesos, 2 de junio de 2014.
Artículo 66 de la Ley de Servicios de Seguridad Privada.
CIDH, Justicia e inclusión social: Los desafíos de la democracia en Guatemala (2003), párr. 93.
DIGESSP, Se incrementan supervisiones, 9 de mayo de 2014.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH