humanos en Guatemala Diversidad desigualdad y exclusión

212 | Situación de los derechos humanos en Guatemala: diversidad, desigualdad y exclusión
como derecho fundamental de obligatorio cumplimiento. Asimismo, la Corte ha
afirmado que “es incuestionable el derecho de los pueblos interesados a ser
consultados” 809 y ha reconocido que este derecho forma parte del bloque de
constitucionalidad. Estas normas y pronunciamientos evidencian el
reconocimiento a nivel interno de esta obligación estatal y aportan mecanismos
para el ejercicio del derecho a la consulta; no obstante, no existe un marco jurídico
e institucional adecuado ya que se mantienen normas abiertamente contrarias a
este derecho. En efecto, la Ley de Minería de 1997, Decreto 48-97, no contiene
disposiciones para que los pueblos indígenas sean consultados antes de la
aprobación de licencias de exploración o explotación de proyectos mineros 810 .
Igualmente, el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental,
aprobado mediante Acuerdo Gubernativo 431-2007 del 17 de septiembre de
2007 811 , contiene un procedimiento de “participación pública” previo a la
aprobación de los estudios de impacto social y ambiental para el otorgamiento de
las licencias 812 . Se trata, sin embargo, de “entrevistas, encuestas, talleres,
asambleas y/o reuniones de trabajo” que debe realizar la empresa proponente, sin
que se advierta que permitirían garantizar la participación de los pueblos
indígenas en decisiones que afecten sus territorios ancestrales, como ha
reconocido la Corte de Constitucionalidad 813 .
493. Son numerosos los órganos de derechos humanos que han instado a Guatemala a
establecer un marco jurídico e institucional acorde con este derecho, como el
Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Comisión
de Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial, y el Consejo de Derechos Humanos
de la ONU. Asimismo, la Corte de Constitucionalidad ha exhortado al Congreso de
la República, en reiteradas ocasiones, a implementar las disposiciones internas
sobre el derecho a la consulta y adecuar el Código Municipal y la Ley de Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural en el mismo sentido 814 . En el 2004 la CIDH advirtió
809
810
811
812
813
814
Corte de Constitucionalidad. Sentencia del 18 de mayo de 2007, Expediente 1179-2005, Considerando VI.
El Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, que determina el procedimiento para la
aprobación de los estudios de impacto social y ambiental requeridos por la Ley de Minería antes del
otorgamiento de las licencias de explotación minera, exige que se garantice la participación de las
comunidades afectadas a través de “entrevistas, encuestas, talleres, asambleas y/o reuniones de trabajo”.
Con lo cual, este mecanismo está lejos de cumplir las obligaciones internacionales sobre la materia.
Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo 431-2007 y sus
reformas, art. 74.
Tampoco cuentan con mecanismos idóneos y eficaces a fin de realizar consultas con los pueblos indígenas
inter alia, la Ley Forestal, la Ley de Hidrocarburos, o la Ley General de Electricidad. Decreto N° 101-96 del
Congreso de la República; Decreto Ley Nº 109-83; Decreto N° 93-96 del Congreso de la República. Ley
General de Electricidad, su Reglamento y el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista. En
similar sentido, ONU. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.
7 de junio de 2011, párr. 23. OACNUDH- América Central. Diagnóstico sobre la Situación de los derechos
humanos de los pueblos indígenas de América Central, 2011. Tomo I.
Título VIII del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo 431-2007.
Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Expediente N° 3878-2007. Sentencia de 21 de diciembre de
2009. Considerando IV. Punto h.
Corte de Constitucionalidad de Guatemala. EXP. N° 3878-2007 de 2009. Sentencia de 21 de diciembre de
2009; EXP. N° 1179-2005. Sentencia de 8 de mayo de 2007; EXP. N° 4419-2011. Sentencia de 5 de febrero de
2013, EXP. N° 2376-2007. Sentencia de 9 de abril de 2008; y EXP. N° 1008-2012. Sentencia de 28 de febrero
de 2013.
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