humanos en Guatemala Diversidad desigualdad y exclusión

72 | Situación de los derechos humanos en Guatemala: diversidad, desigualdad y exclusión
guardias de seguridad privada participarían en operativos junto a la fuerza pública,
como en la detención de ciudadanos o en desalojos judiciales 226 y
extrajudiciales 227 .
139. La CIDH recuerda que, como han señalado los órganos del sistema interamericano,
puede generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución a éste de
actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares. La
Corte Interamericana ha señalado que:
[…] dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos
de particulares en principio no atribuibles al Estado. [Las obligaciones erga
omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección, a cargo de los
Estados Partes en la Convención,] proyectan sus efectos más allá de la
relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues
se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las
medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos
humanos en las relaciones inter‐individuales. La atribución de
responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en
que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se
encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes
contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención 228 .
140. La CIDH ha brindado algunos lineamientos de cara al cumplimiento del deber de
prevención. En particular, ha subrayado la necesidad de que el ordenamiento
interno regule las funciones que pueden cumplir las empresas privadas de
seguridad, el tipo de armamento y medios materiales que están autorizadas a
utilizar, los mecanismos adecuados para el control de sus actividades, y la
implementación de un registro público, accesible y con información suficiente.
Igualmente, ha indicado que debe definirse un sistema para que estos
emprendimientos privados informen regularmente sobre los contratos que
ejecutan, especificando puntualmente el tipo de actividades que desempeñan. Las
autoridades públicas deben exigir el cumplimiento de los requisitos de selección y
capacitación de las personas contratadas por las empresas de seguridad privada,
226
227
228
Junto con fuerzas policiales, guardias privados de la empresa Chabil Utzaj participaron en los desalojos
violentos de las comunidades maya q’eqchi en Valle de Polochic en marzo de 2011, así como en intentos de
desalojo posteriores en Caboncito y Sepurlimite. Tales hechos resultaron en la muerte de varios
comunitarios y afectaciones a la integridad física de otros. Información recibida por la CIDH en visita de
agosto de 2013.
Asimismo, se informó que, en 2006 y 2007, la Compañía Guatemalteca de Niquel promovió desalojos
forzados de comunidades q´eqchi´ en el Municipio de Panzós, Alta Verapaz y en El Estor, Izabal, en el Valle
del Polochic para realizar actividades de extracción minera. El 17 de enero de 2007, “11 mujeres fueron
violadas sexualmente en grupo por varios hombres (guardias de seguridad de la empresa, policías y soldados
del Ejército) que ejecutaron el desalojo. Todos estos hechos quedaron en la impunidad”. Carta a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Comunidad Q´eqchi´ del Lote 8, Chacpayla, Municipio de El
Estor, Izabal, de fecha 19 de agosto de 2013. Asimismo, Testimonio recibido por la CIDH en la comunidad El
Rodeo, Cahaboncito, Panzós, Alta Verapaz, el 24 de agosto de 2013. Ver también, Denuncia de los pueblos
q`eqchi`, poqomchi´ y achi´. Análisis sobre la situación del racismo y discriminación en Alta Verapaz.
Información recibida por la CIDH en visita de agosto de 2013.
CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (2009), párr. 40.
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