humanos en Guatemala Diversidad desigualdad y exclusión

74 | Situación de los derechos humanos en Guatemala: diversidad, desigualdad y exclusión
que estas acciones continúan siendo sumamente insuficientes. Ello estaría
vinculado, según fue informada la Comisión, a la falta de recursos humanos y
logísticos de esta Dirección. De este modo, insta al Estado a tomar medidas
decididas para asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley de Servicios de
Seguridad Privada, a través del estricto control por parte de esta Dirección, con el
apoyo de la PNC, en particular de su División de Supervisión y Control de las
empresas de seguridad privada.
144. De otro lado, la CIDH toma nota que, de conformidad con la ley, los prestadores de
servicios de seguridad están obligados a prestar auxilio cuando les sea requerido
por la autoridad competente 236 . Al respecto, la CIDH recuerda al Estado que las
empresas privadas solamente brindan servicios de seguridad o custodia de bienes
y valores, y no son un complemento o un sucedáneo a las obligaciones de los
Estados en materia de seguridad ciudadana, ya que la garantía de los derechos
humanos vinculados a esta última es una responsabilidad estatal indelegable 237 .
Los cuerpos de seguridad privados deben ser reguladas y fiscalizadas, pero por,
sobre todo, el mayor reto de los Gobiernos debiera ser fortalecer a las fuerzas
policiales. Como ha advertido la Comisión, la privatización de las funciones de
seguridad ciudadana tiene como consecuencia que ésta se desvincule de la noción
de derechos humanos, cuya defensa, protección y garantía competen al Estado,
para transformarse en un mero producto que sólo algunos consiguen adquirir en el
mercado. Los Estados Miembros, en cumplimiento del deber de garantía de los
derechos humanos, deben asumir las funciones de prevención, disuasión y
represión del delito y la violencia, por ser los depositarios del monopolio de la
fuerza legítima 238 .
145. La CIDH desea enfatizar que un deber fundamental del Estado es el de investigar y
en su caso, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las
violaciones a derechos humanos de los que tiene conocimiento. Como han
afirmado la Comisión y la Corte en reiterada jurisprudencia, dicha obligación
requiere que se sancione a todos los autores materiales involucrados en los hechos
y también a los autores intelectuales de los mismos 239 . Para cumplir con su deber
de investigar con la debida diligencia, el Estado debe buscar “efectivamente la
verdad”, debe propender a castigar a los responsables materiales e intelectuales, y
la investigación “debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad
condenada de antemano a ser infructuosa” 240 , involucrando a toda institución
estatal 241 . Al respecto, la información disponible indica que, en lo transcurrido del
236
237
238
239
240
241
Artículo 4 de la Ley de Servicios de Seguridad Privada.
CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (2009), párr. 73.
CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (2009), párr. 72.
Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8
de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 146; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 275; y Caso Juan Humberto Sánchez
Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C
No. 99, párr. 186.
Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4,
párr. 177.
Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 130; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs.
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