humanos en Guatemala Diversidad desigualdad y exclusión

Capítulo 6 Derecho de propiedad y de consulta de los pueblos indígenas | 203
2013, de los 275.080 predios medidos, 85.719 tenían titulares registrales. La CIDH
considera positivo que la Ley del RIC establece la obligación de dicha institución de
identificar y declarar las tierras en posesión o propiedad de comunidades
indígenas, contiene una definición amplia de “tierras comunales” y garantiza que
los derechos se puedan respaldar con documentos históricos. Además, dicha ley
señala que “[e]n todo caso, el RIC deberá sujetarse a lo regulado por la
Constitución […] y el Convenio 169 de la [OIT]” 769 . Se cuenta también con un
Reglamento Específico para Reconocimiento y Declaración de Tierras Comunales del
Registro de Información Catastral 770 .
473. La CIDH considera que es una oportunidad para la reducción de la inseguridad
jurídica en Guatemala y puede resultar clave para avanzar en el reconocimiento de
derechos históricos a comunidades y pueblos indígenas y hace un llamado a las
instituciones competentes a superar las deficiencias identificadas, subsanar las
fallas cometidas y evitar su repetición. Ello debe hacerse en apego a los estándares
sobre la materia, y teniendo en cuenta que la obligación de delimitar, demarcar,
titular y registrar la propiedad territorial de los pueblos indígenas debe ser
cumplida a través de procedimiento especiales, en los que se debe garantizar su
participación plena y efectiva 771 . Asimismo, el Estado tiene obligación de
abstenerse de realizar actos contrarios a la propiedad indígena, como la
individualización de la propiedad colectiva o su titulación supletoria a favor de
terceros.
474. Un asunto de especial preocupación se refiere al ejercicio de la relación espiritual
con el territorio y el acceso a sitios sagrados, pues la CIDH ha sido informada sobre
el impedimento de acceso e incluso la destrucción de sitios sagrados. Un ejemplo
es la destrucción del lugar sagrado denominado Tulam Tzu o El Rosario-Naranjo
para construir un proyecto habitacional. La CIDH se pronunció sobre la afectación
de este sitio sagrado para la espiritualidad del pueblo maya mediante el
otorgamiento el 14 de julio de 2006 de una medida cautelar a favor de la
Comunidad Maya-Sitio El Rosario –Naranjo. A pesar de que la Comisión solicitó al
Estado adoptar las medidas necesarias para su protección, dicho lugar fue
destruido 772 . Como observa el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno
(DMC), años después, se ha descubierto que muchas de las víctimas del
desplazamiento forzado no fueron incluidas en el informe de la CEH por lo que su
número real podría ser mucho mayor de lo estimado, con lo cual “[e]l número de
desplazados en el conflicto, y el número de desplazados internos sigue estando
lejos de ser clara” 773 .
769
770
771
772
773
Ley del RIC, artículos 23, literal y) y 65.
RIC. Reglamento Específico para Reconocimiento y Declaración de Tierras Comunales. Aprobado el 18 de
mayo de 2009 mediante Resolución No. 123-001-2009, publicado el 29 de julio de 2009.
CIDH, Informe derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales
(2009), Capítulo VI.
CIDH, Medida cautelar otorgada el 16 de julio de 2006 denominada "Comunidad maya-Sitio El Rosario-
Naranjo".
International Displacement Monitoring Centre. Guatemala: Violence and inequality still blocking solutions
for IDPs. 2009. Citando a Amnistía Internacional. Informe 2009, Guatemala.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH