humanos en Guatemala Diversidad desigualdad y exclusión

216 | Situación de los derechos humanos en Guatemala: diversidad, desigualdad y exclusión
locales, reciben información completa y formal por parte del Gobierno central
sobre los aspectos más elementales del proyecto, como la indicación de las
comunidades que estarían dentro de la zona de influencia del proyecto o el modo
en que ello ha sido determinado 828 . La garantía de que la consulta sea informada
exige que, desde el primer momento del proceso, se provea información plena y
precisa sobre la naturaleza y consecuencias de la medida en las comunidades
consultadas 829 . En palabras de la Corte IDH, “la consulta debe ser informada, en el
sentido de que los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos
del plan de desarrollo o inversión propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de
salubridad. En ese sentido, la consulta previa requiere que el Estado acepte y
brinde información e implica una comunicación constante entre las partes” 830 .
501. Respecto el requisito de consulta libre, como se observó, la información indica que
la implementación de proyectos y procesos de diálogo, si tienen lugar, se realizan
muchas veces en contextos de amenazas, militarización de comunidades, presencia
intimidatoria de guardias de seguridad privada, criminalización de comunitarios y,
bajo una fuerte presión e intimidación a las comunidades y sus dirigentes 831 . Según
el testimonio recibido de autoridades del pueblo Ixil, debieron iniciar el diálogo
con la empresa y autoridades estatales sobre la implementación de la
hidroeléctrica Palo Viejo “bajo la presión de 700 policías y soldados procedentes
de todos los departamentos del país, acantonados en el Municipio de Nebaj”.
502. En relación con el objetivo de obtener el consentimiento, la CIDH observa que en
Guatemala, al amparo de la normativa vigente, en los distintos procesos de
aprobación de proyectos susceptibles de afectar a comunidades y pueblos
indígenas, las decisiones se toman a nivel central, entre los ministerios
involucrados y la empresa proponente. Cuando se realizan procesos de
“socialización”, las comunidades perciben que “no nos consultan, nos dicen” los
proyectos a implementar, lo que coincide con expresiones de las autoridades,
quienes entienden que su deber es “ir a las comunidades para decirles qué
proyectos van a ser implementados” 832 .
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“En repetidas ocasiones desde el año 2006 hemos solicitado al MEM (Ministerio de Energía y Minas) y al
INDE (Instituto Nacional de Electrificación), información precisa y concreta sobre los planes para la
construcción de la represa y nos la han negado o nos remiten a información publicada en medios de
comunicación”. CIFCA. Informe de investigación sobre Guatemala. Proyecto Xalala ¿Desarrollo para todos?,
diciembre 2008. Información recibida durante visita a Guatemala en Cobán, Alta Verapaz. 23 de agosto de
2013.
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de
octubre de 2004, párr. 142. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 133. CIDH,
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador, 1997. CIDH, Acceso a la justicia e enclusión
social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, 2007, párr. 248.
Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de
junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 208.
Alcaldías Indígenas de la Región Ixil. Planteamiento de las Comunidades indígenas y autoridades ancestrales
de Cotzal a la empresa italiana ENEL. 30 de junio de 2011. Información recibida durante visita a Guatemala
en Nebaj, El Quiché. 25 de agosto de 2013.
En palabras de representantes del MARN, la “participación pública” bajo la normativa vigente, consiste en:
“indicar a la población qué es lo que vamos a hacer, cómo se va hacer, informar si ellos tienen inquietudes o
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