humanos en Guatemala Diversidad desigualdad y exclusión

32 | Situación de los derechos humanos en Guatemala: diversidad, desigualdad y exclusión
51. Los obstáculos y desafíos de los gobiernos guatemaltecos no han sido ajenos a su
propia historia, ni a la dinámica política del país. “Para entender cómo opera la
política en un país determinado, debe considerarse su historia y cultura política,
variables que moldean al conjunto del sistema” 62 . En su informe sobre el
financiamiento de la política en Guatemala, la CICIG señaló que desde 1984, el
sistema político ha adquirido una serie de características propias, que lo
diferencian en la región, peculiaridades que incluyen la fluidez del sistema de
partidos; la volatilidad electoral; la concentración de la oferta electoral en el centro
y la derecha del espectro político; el peso de los poderes fácticos; y la continuidad
del statu quo económico y social. Sobre la cultura política, indicó que la sociedad
guatemalteca es profundamente fraccionada y escindida por múltiples clivajes que
incluyen el étnico, las diferencias entre lo urbano y lo rural, las tensiones entre el
área metropolitana y el resto del país, así como la persistencia de actos racistas y
excluyentes en las élites.
52. Afirma la CICIG, que los vínculos de las estructuras criminales dedicadas al
narcotráfico con la política obedecen a su necesidad de contar con protección
política, información y libertad de acción en las zonas en que operan y que, desde
el inicio de la democratización, estos grupos han financiado campañas electorales
aportando recursos a los partidos en distintos niveles. A través del financiamiento
político, las estructuras criminales buscan no solo beneficiarse de ciertos grados de
protección e información, sino ocupar posiciones clave en el Estado que les
permitan la diversificación de negocios y el control parcial o influencia de la
institucionalidad de seguridad y justicia 63 .
53. La corrupción no ha sido ajena a los gobiernos post conflicto armado, afectando no
sólo la legitimidad de sus gobernantes y los derechos de los gobernados, sino en
forma profunda el erario nacional, de por sí insuficiente para los requerimientos
de sus ciudadanos de al menos, vida digna, salud, trabajo, educación, justicia. En un
estudio sobre política fiscal y desarrollo humano en Guatemala, se concluye que:
En los últimos 25 años, el Estado guatemalteco no ha aprovechado
plenamente el potencial de la política fiscal para fomentar el desarrollo
humano, pese a esfuerzos puntuales de mejora plasmados en instrumentos
que van desde los Acuerdos de Paz hasta el Pacto fiscal. Esto se explica por
diversas limitaciones y retos afrontados, como la falta de diversificación del
financiamiento público, la exigua carga fiscal, la corrupción, la estructura
mayormente regresiva del sistema de recaudación, el gasto público y social
insuficiente e inequitativo 64 .
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CICIG, El Financiamiento de la Política en Guatemala, julio 2015, pág. 19.
CICIG, El Financiamiento de la Política en Guatemala, julio 2015, pág. 93-94, 101.
En la búsqueda del fortalecimiento fiscal, a inicios de los noventa del siglo XX, se aprobó una reforma
tributaria que constituye la base del sistema tributario actual. Con la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996,
la política fiscal adquiere una relevancia especial para el cumplimiento de las obligaciones constitucionales
por parte del Estado. En 1998 se inicia el proceso de negociación de un Pacto fiscal que se suscribió en 2000
y retomó el espíritu de los Acuerdos de Paz. En la primera década del nuevo siglo, entre 2003 y 2006, hubo
esfuerzos por parte del Estado para retomar el Pacto fiscal. Se creó una Comisión Técnica del Pacto Fiscal
(CTPF), que propuso una reforma tributaria aprobada en 2004. Se sustituyó el Impuesto a las Empresas
Mercantiles y Agropecuarias (IEMA) por el impuesto extraordinario y temporal en apoyo a los Acuerdos de
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