humanos en Guatemala Diversidad desigualdad y exclusión

Capítulo 4 Seguridad ciudadana | 63
de la violencia y el delito, y de diseño, implementación y evaluación de políticas
sobre seguridad ciudadana a la luz del derecho internacional de los derechos
humanos y de los principios de participación, rendición de cuentas, y de nodiscriminación.
111. Las obligaciones positivas asumidas por los Estados Miembros exigen políticas
públicas sobre seguridad ciudadana que contemplen prioritariamente el
funcionamiento de una estructura institucional eficiente que garantice a la
población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la
prevención y el control de la violencia y el delito. En este sentido, la CIDH ha
observado las debilidades históricas en la creación de una institucionalidad en la
región conducente a una adecuada gestión estatal en esta materia. Estas
dificultades se verifican, especialmente, en las siguientes áreas temáticas: (i) la
atención a las víctimas de la violencia y el delito; (ii) la privatización de los
servicios de seguridad; (iii) la gobernabilidad de la seguridad ciudadana; (iv) la
profesionalización y modernización de las fuerzas policiales; y (v) la intervención
de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana 184 .
112. Es una realidad que los índices de violencia y criminalidad en el hemisferio
continúan posicionando a la seguridad ciudadana como una de las principales
demandas de la sociedad hacia las autoridades estatales. Esta situación es el
resultado de un proceso que lleva ya varias décadas, en el que han coincidido
diversos factores de tipo social, económico, cultural e institucional que operaron
como posibilitadores para la generación o reproducción de diferentes formas de
comportamientos violentos, en relación directa con la agudización de las
consecuencias de modalidades delictivas que ponen en riesgo el efectivo ejercicio
de algunos derechos humanos 185 .
113. La Comisión ha llamado la atención sobre los efectos de la violencia y el delito en
las condiciones de gobernabilidad en los países del hemisferio y ha señalado que la
seguridad ciudadana requiere de una fuerza policial civil que resguarde a los
habitantes; de una administración de justicia fortalecida, sin corrupción ni
impunidad; y de un sistema penitenciario que tienda a la verdadera recuperación e
inserción social del detenido 186 . Asimismo, ha señalado que los Estados Miembros,
en su legislación y procedimientos internos, deben operar sobre la base de los
instrumentos que integran los Sistemas Universal y Regional sobre derechos
humanos “[…] permiten aplicar medidas para enfrentar las amenazas a la
seguridad ciudadana [...] dentro del marco del Estado de Derecho, sin desatender el
respeto a las garantías básicas, no derogables, previstas por el derecho
internacional 187 .
114. Vivir en un lugar libre de violencia no es una condición que disfruten la gran
mayoría de los y las guatemaltecas. El término del conflicto armado no significó el
fin de la violencia. Desde hace varios años, en especial a partir del año 2000 se
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185
186
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CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (2009), párr. 7.
CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (2009), párr. 217.
CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (2009), párr. 2.
CIDH, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos (2009), párr. 2.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos | CIDH