humanos en Guatemala Diversidad desigualdad y exclusión

82 | Situación de los derechos humanos en Guatemala: diversidad, desigualdad y exclusión
innecesarias o desproporcionadas, o si para adoptarlas se hubiere incurrido
en desviación o abuso de poder 267 .
165. La CIDH recuerda, además, que no son susceptibles de suspensión las garantías
judiciales indispensables, esto es, “aquellos procedimientos judiciales, inherentes a
la forma democrática representativa de gobierno […] previstos en el derecho
interno de los Estados Partes como idóneos para garantizar la plenitud del
ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 27.2 de la Convención y cuya
supresión o limitación comporte la indefensión de tales derechos”, los mismos que
deben ejercitarse siguiendo los principios del debido proceso legal 268 .
166. En relación con la Ley de Orden Público de 1965, el OACNUDH ha recomendado
armonizar la Ley de Orden Público con las obligaciones internacionales de
Guatemala 269 . Hace unos años, el ex Relator Especial sobre la independencia de los
magistrados y abogados, Leandro Despouy, señaló la necesidad de reformar la ley
por ser incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
Específicamente indicó lo siguiente:
Debe reformarse la ley de orden público, ya que data de 1965, se basa en la
Constitución anterior y no es compatible con los estándares internacionales
en la materia. Por ejemplo, determina que pueden hacerse detenciones sin
orden judicial, las cuales pueden ser prolongadas indefinidamente hasta la
finalización del estado de excepción, el cual puede renovarse
indefinidamente, con la condición de que se emita un nuevo decreto antes
de su expiración 270 .
167. En este sentido, el Procurador de Derechos Humanos ha indicado que la Ley de
Orden Público de 1965 no tiene un enfoque de derechos humanos ni es acorde con
los instrumentos internacionales en la materia 271 .
168. Por su parte, al referirse a la Ley de Orden Público de 1965, el Estado indicó que
aun cuando puede presentar antinomias jurídicas con la Constitución Política, es
una ley vigente que no puede ser atacada de inconstitucionalidad y cualquier
cambio se debe hacer mediante una reforma de la ley 272 . Sobre los estados de
excepción, el Estado señaló que ha actuado conforme a la ley, con observancia del
principio pro persona y de las garantías contenidas en el artículo 27 de la
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270
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Corte IDH. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párrs. 38 y
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Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre
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2009, párr. 97.
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Adición, Misión a Guatemala, 1 de octubre de 2008, párr. 92.
Aporte del PDH al informe de la CIDH sobre la Situación de Derechos Humanos en Guatemala, septiembre de
2015.
Observaciones del Estado de Guatemala respecto al “Proyecto de Informe General sobre la Situación de
Derechos Humanos en Guatemala y a la comunicación del 14 de agosto de 2015 de la CIDH”, 6 de octubre de
2015.
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