AsiVamosEnJalisco2012

conclusiones de la dimensión del
contexto institucional
Las instituciones gubernamentales en Jalisco tienen un elevado gasto corriente frente a
un bajo gasto de inversión, que apenas supera 10% del monto total. Dada esta situación,
se ha tenido que incrementar la deuda pública como recurso de inversión y la calificación
crediticia del estado ha empeorado. En Jalisco existe un empleado estatal por cada 64
habitantes, mientras en Nuevo León existe un empleado estatal por cada 367. Existe una
fuerte dependencia de presupuesto federal, del 90% contra un 10% de ingresos propios.
La política educativa absorbe más de la mitad del presupuesto gubernamental del estado.
La autoridad y la legitimidad del gobernador ha descendido siete puntos en el último año, y
los rendimientos gubernamentales reflejados en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal
de Desarrollo, que los mismo funcionarios fijan año con año, ha descendido seis puntos
en los últimos dos años. Las recomendaciones hacia el gobierno del estado en materia de
derechos humanos han aumentado seis veces en los últimos cinco años. El Índice Nacional
de Corrupción y Buen Gobierno marca un retroceso en la calificación de Jalisco en los últimos
tres años y lo coloca lejos de los primeros lugares.
En materia de desempeño de las instituciones y las políticas de seguridad pública, el Índice
Nacional de Inseguridad colocó a Jalisco en 2009 en el promedio nacional, en un nivel
preventivo. En 2011, el índice delictivo de CIDAC y el Índice de Víctimas Visibles e Invisibles,
colocó igualmente a la entidad en niveles cercanos al promedio nacional. Sin embargo, el que
Jalisco esté en el promedio nacional con el creciente nivel de actividad delictiva que existe en
el país, no es un buen indicador. Ha habido aumentos sensibles, sobre todo en delitos del
fuero común: 34% en robos en los últimos cinco años y 188% en homicidios, convirtiendo
en 2011 al homicidio en la primera causa de muerte violenta en el estado, con 33% de
participación en la mortalidad. El secuestro aumentó 173% en cinco años, las lesiones
dolosas con arma de fuego 114%, y los decomisos de droga 847%. A eso habría que añadir
la cifra negra de delitos, que se calcula en Jalisco en 84.10%, lo cual significa que 8 de cada
10 delitos ni siquiera se denuncian.
En términos de percepción, 71% de la población se siente insegura, 68% se ha dado cuenta
de que se consume alcohol en la calle, 59% que se consume droga, 45% que hay robos
frecuentes y 43% que se vende droga. Los ciudadanos consideran que la principal causa
de la inseguridad –con un 38%– son un conjunto de factores institucionales que conforman
un sistema de seguridad y de procuración de justicia ineficiente y corrupto, el cual genera
impunidad. México y Jalisco tienen tantos policías como los países más desarrollados, que
ciertamente presentan mucha menor inseguridad, por lo que el problema no se concentra
en la cantidad, sino en la calidad de los mismos y del sistema. Un 32% de los ciudadanos
ha sido víctima de la corrupción por parte de algún oficial de tránsito, 11% por parte de un
policía municipal y 9% por parte de un agente del ministerio público. Sólo el desempeño del
ejército y de la armada fue calificado por poco más de la mitad de la población de Jalisco
como efectivos, y únicamente estos dos cuerpos y la policía federal fueron calificados
mayoritariamente como confiables.
El sistema judicial también presenta un índice de desempeño institucional que se encuentra
en el promedio. De nuevo, eso no significa que los retos no sean importantes. Solo dos delitos
de cada cien son castigados, por diversos problemas en el proceso judicial de investigación,
integración y sentencia. El 76% de los detenidos por delitos del fuero común ha recibido
sentencia en la primera instancia; la cifra incrementa a 88% en el caso de los delitos del
fuero federal. Existe una sobrepoblación del 71.4% en las cárceles del estado. El 13% de los
jueces en Jalisco cree que los jueces –el mismo cuerpo al que pertenece– son muy poco o
nada honorables, 31% de los jueces tiene esa opinión de los defensores de oficio y 62% de
los agentes del Ministerio Público. Además, 14% de los jueces cree que las confesiones son
forzadas siempre o casi siempre.
En materia de ciudadanía la disponibilidad de información actualizada es limitada y se
encuentra desactualizada. La participación electoral en Jalisco ha caído de forma importante
entre 1994 y 2012, de un 83% de la población empadronada que votó en la elección
presidencial de 1994 a 65% que votó en la elección presidencial de 2012, según las cifras
del PREP, aunque es una cifra mayor al 61% que votó en la elección presidencial de 2006
y al 62% que fue la media nacional en 2012. En 2004, al 25% de los jaliscienses no les
interesaba nada la política, a 12% les interesaba mucho y 61% se encontraba en medio de
estos dos polos. Había una insatisfacción con el arreglo democrático que tocaba al 59.7%
de la población, así como un deseo por una mayor participación de mujeres, jóvenes e
indígenas en la vida política del estado. Sin embargo, 64% reconocía que la política contribuía
a construir un mejor país para los mexicanos y la confianza en las instituciones en Jalisco era
superior al promedio nacional.
Las encuestas de 2004 reflejan que la participación política no electoral era baja, siendo
la movilización social y firmar documentos de apoyo los principales mecanismos de
participación. Las manifestaciones públicas hasta 2011 son pocas y estables, y prácticamente
conclusiones
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