Transformación productiva: diversificación y agregación de ... - CAF

posibles usos de las áreas protegidas en el Brasil 61 ,
encontrando un importante valor de la actividad
económica posible. Sin embargo, el estudio
también encuentra que no es posible estimar el
verdadero valor de estas áreas por la falta de mecanismos
para el pago de los servicios ambientales, de
regulación sobre los usos de esas áreas, entre otros.
Por lo tanto, si no se define claramente el marco
legal alrededor de estos recursos, difícilmente se
pueda aprovechar su valor económico potencial.
Esto contrasta con las experiencias exitosas de
diversificación alrededor de los recursos naturales,
donde uno de los principales factores de éxito es el
entorno institucional alrededor del sector de recursos
naturales. Por ejemplo, en la explotación forestal
en los países escandinavos fueron claves la
reformas en la tenencia de la tierra, las leyes destinadas
a garantizar la reforestación de las zonas
explotadas, y las leyes ambientales recientes, que
forzaron a los productores a utilizar técnicas
ambientalmente sostenibles 62 . Por lo tanto, las políticas
destinadas a garantizar el acceso y el uso de
las mejores prácticas ambientales no son excluyentes;
por el contrario, son complementarias entre sí 63 .
Como se aprecia en el Recuadro Nº 3.3, en la región
existen experiencias positivas en este respecto.
Este análisis es extensivo a los recursos no renovables.
Wright y Czelusta (2003) explican que el
sistema legal norteamericano fue importante al
impulsar el desarrollo del sector minero en ese país,
pues permitió el acceso de los privados a la explotación
del recurso y generó incentivos a la competencia.
En este sentido, un estudio elaborado por la
CAF concluye que los países de la región han
mantenido un acceso relativamente restringido a
este tipo de recursos 64 . Adicionalmente, para el caso
Transformación productiva: diversificación y agregación de valor
de los recursos no renovables, el acceso restringido
a los recursos implican que muy probablemente la
explotación de los mismos esté todavía concentrada
en yacimientos/minas relativamente productivos y,
por tanto, no existan incentivos para su extracción
que promuevan investigación y desarrollo de
nuevas tecnologías.
Lo anterior es de particular relevancia para la
región dados los altos niveles de inversión que estos
sectores demandan (como se describe en el ejemplo
del Recuadro Nº 3.4). Considerando la situación
fiscal, que será presentada en el Capítulo 5 de este
libro, es improbable que los gobiernos cuenten con
los medios necesarios para desarrollar el sector de
recursos naturales. Por lo tanto, es imperativo
fomentar la inversión privada nacional y extranjera,
así como generar incentivos para los agentes privados
nacionales (proveedores y clientes) para que se
inserten en la cadena comercial.
Como se ha discutido previamente, para que la
inversión extranjera entre en un país, mejorar el
marco institucional es un factor fundamental. En el
caso del sector de recursos naturales no renovables,
el desarrollo institucional es aun más importante,
dado que normalmente se trata de importantes
montos de inversión que ocurren, en su mayoría, al
comienzo de la explotación y que tienen largos
períodos de maduración. Por lo tanto, deben estar
garantizadas las reglas de juego. En este sentido,
van a ser de particular importancia los tratados de
protección a la inversión, que fueron discutidos en
el capítulo anterior.
Así mismo, en el diseño de la institucionalidad del
sector, se debe empezar por diferenciar a los actores
que intervienen en la producción y transformación
61 Dourojeanni (2003). Identificando la existencia de más de 1.000 áreas protegidas en América Latina y 184 áreas protegidas
federales y 451 estatales en el Brasil, el autor menciona los distintos aportes económicos que estas áreas tienen en otros países
del mundo y su posible valor económico: turismo, servicios ambientales globales, material genético y bioquímico (fácilmente
disponible gracias a la biotecnología), agua, energía hidroeléctrica, reducción de riesgos por desastres naturales y generación de
ingresos por fijación de carbono, entre otros.
62 Bloomstrom y Kokko (2002).
63 En este sentido, Szauer et al (2002) destacan la necesidad de cambiar la orientación de la política ambiental de una política
basada en el control de los usuarios y fuentes, a una política basada en la planificación y ordenamiento del uso de los mismos,
así como la responsabilidad compartida.
64 Manzano (2004) encuentra que las tasas de extracción de algunos recursos naturales en la región están por debajo del promedio
mundial. Muchas veces esto se debe a que la explotación de estos recursos queda reservada al Estado. De hecho, otro estudio de
la CAF (Kiriaty, 2004), encuentra que el tema de explotación de estos recursos tiene rango constitucional en la mayoría de los país
es de la región, lo cuál puede no ser lo más adecuado.
115