el_eje_del_mal

creando a la vez líneas de diferenciación entre los que se incluyen en el primer
plano de los derechos cívicos, los homosexuales, y los que reciben un estatus
transitorio a través de los derechos laborales, los inmigrantes. Aquí se pone
en evidencia la distinción entre derechos de ciudadanía y el estatus de
«extranjer@» en relación con las políticas de inmigración y asilo, ya que
basándose en ellas se incluye por una parte al colectivo LGTB,
presupuestamente interpelado por esta ley como ciudadanos del Estado
español, y por otra parte se excluye al colectivo de inmigrantes, interpelado
por el Estado como mano de obra temporal. Así, por una parte se otorga al
colectivo LGTB la posibilidad de un reconocimiento legal dentro del marco
heteronormativo, y por otra se permite a los empresarios emplear a
inmigrantes por un tiempo determinado (cinco años). Estos dos programas
van dirigidos a diferentes colectivos que no se perciben como vinculados
entre sí. Mientras que al primer colectivo se le atribuye el estatuto de
ciudadanía, considerando que cumplen con las normas vigentes, al segundo
se le excluye del mismo, ya que su pertenencia a la Polis es precaria y depende
de la coyuntura económica. Estas dos caras forman parte de la misma
moneda, son estrategias neoliberales de gobierno. El Estado neoliberal, como
Stuart Hall (1994) indica, se desarrolla a través de su capacidad de integrar a las
minorías dentro de su concepto de ciudadanía —por ejemplo mujeres, gays—
mientras que al mismo tiempo prolonga las políticas tradicionales de
exclusión en relación con conceptos como extranjería y «colectivos
extracomunitarios». Así que, cuando se habla de los derechos del colectivo
LGTB, a menudo se olvida quién es percibido como integrante del mismo.
¿Pensamos en la trabajadora doméstica que limpia la casa de una pareja gay?
¿Pensamos en «los novios búlgaros», un término que ya en sí transporta el
imaginario del «Otro» exótico? ¿Se nos ocurre pensar en Glady, una
transexual brasileña que trabaja en la Casa de Campo?
Desde 1992 la Unión Europea distingue entre los «ciudadanos de la Unión
Europea» y los denominados «miembros extra-comunitarios». Mediante las
leyes de extranjería y de asilo se ha ido restringiendo el derecho de asilo que
por ejemplo en el Estado alemán ha estado vigente hasta el 27 de junio 1993.
Desde entonces las solicitudes de asilo en Alemania se deciden basándose en
unas listas de países elaboradas por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Solamente la procedencia de un país donde —en opinión del gobierno
alemán— existe persecución por parte del Estado, es decir, un país donde las
personas son perseguidas, torturadas y asesinadas por el régimen de gobierno,
puede justificar una solicitud de asilo. Partiendo de esta base hay que
demostrar individualmente que se está expuesto a tales amenazas y peligros.
El derecho individual e independiente de un país a conceder asilo en caso de
persecución política se suprime, de hecho, desde la última modificación del
derecho de asilo. Un derecho que según avanzan las leyes de inmigración y de
seguridad a escala europea, se está limitando cada vez más. El modelo de la
«política de asilo alemana» ha sido imitado dentro de la Unión Europea, tal y
como demuestran el acuerdo de Ámsterdam (1997) y las cumbres de Tampere
(1999) y Sevilla (2002). En estas reuniones los gobiernos europeos pusieron en
evidencia su empeño por lo que se denomina «la armonización de políticas de
asilo e inmigración» y la puesta en marcha del «espacio de libertad, seguridad
y justicia». Con ello se aspira a una amplia asimilación de las políticas de asilo
y de migración en el ámbito de la Unión Europea.
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Anhelos diaspóricos y la pequeña libertad