el_eje_del_mal

omisión que experimenta el colectivo de inmigrantes en los debates sobre los
derechos queer, su estatus vinculado a las políticas de inmigración y a un
régimen de exclusión e inclusión, en relación con los derechos cívicos, no es
cuestionado en este contexto, así como la reivindicación de derechos para
gays y lesbianas no es encuadrada dentro de las políticas de interpelación
estatal. Se establece así una vinculación de los Derechos Humanos con el
concepto de ciudadanía, que en el caso de los inmigrantes queda completamente
desarticulada, ya que estos llegan a ser miembros de la sociedad democrática
sólo mediante su calidad productiva, su mano de obra. Su integración a la
Polis es así determinada por su capacidad productiva y regularizada
mediante demanda empresarial. Sólo en función del mercado laboral figuran
como ciudadanos al mismo tiempo que reciben derechos completamente
transitorios y precarios. En este contexto algunas de las bases de los Derechos
Humanos, como los derechos a la reagrupación familiar de los niños o el
derecho al libre asentamiento quedan fuera del marco. En el caso de los «sin
papeles» se minan toda clase de derechos cívicos como el derecho a la
vivienda, la educación, el trabajo y la salud. Bajo estas políticas, las personas
en la inmigración y en el exilio sufren en distintos niveles una objetivación
derivada de esta política de interpelación estatal.
El Estado introduce una diferencia discursiva y jurídica entre «la/el
ciudadano/a» y «la/el extranjera/o». El estatuto de «extranjero/a» sitúa al
individuo fuera del contexto geográfico y político que habita, independientemente
de que lleve tres meses o treinta años viviendo en un país. Perpetúa la noción de
un «afuera» constitutivo de la producción de un «adentro»: los que
pertenecen a este país y disfrutan de los derechos de ciudadanía. En
consecuencia, la definición de «extranjera» funciona como sinécdoque de un
régimen de regulación y control basado en la lógica binaria de la exclusión y
la inclusión. Con esta categoría se aparta a ciertas personas de los derechos
humanos y cívicos presuntamente universales, creando a la vez diferentes
nomenclaturas de permisos de residencia, por las que se determina el marco
de existencia y de movilidad de los sujetos migratorios. Dentro del contexto de
inmigración alemán, según la nueva ley de inmigración («Zuwanderungsgesetz»)
en vigor desde enero de este año (2005) se ha determinado que habrá tres
estatus de residencia: el permiso de asentamiento (estilo green card), el
permiso de residencia y el sistema de visados. A los refugiados y los
solicitantes de asilo se les concede una residencia limitada y dependiente del
resultado de su demanda.
En el contexto alemán, la «extranjera» no sólo designa a una viajera
procedente del extranjero, sino más bien marca la exclusión respecto de la
comunidad hegemónica y étnicamente definida. Esta separación del conjunto
de la ciudadanía no sólo se reglamenta mediante leyes, sino especialmente
mediante la construcción de la «extranjera» como «otra», en el sentido de la
«ajena». Para fijar su «otredad» se le atribuye características racializadas y
etnizadas. «Ser extranjera/o» significa, en este contexto, enfrentarse al
rebajamiento y a la violencia racista, tanto sutil como directa. Confrontarse
con el estatus de «extranjera/o» significa obtener una identidad planteada por
el Estado y experimentada por los individuos mediante la violencia que
genera. Esta violencia deja huellas en la subjetividad de los individuos,
empujándolos a enfrentarse forzosamente con las prácticas de enajenación y
77
Anhelos diaspóricos y la pequeña libertad